En declaraciones a Efe, Castejón ha considerado que el cierre de Garoña era "un clamor político" sostenido por varias comunidades autónomas, la mayoría de partidos políticos y la mayor parte de la sociedad española.
Además, ha insistido en que la seguridad de la planta no estaba garantizada y tampoco lo hubiera estado con las cuantiosas inversiones exigidas en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), favorable con condiciones a la continuidad de la nuclear más antigua de España.
No obstante, el portavoz ecologista ha tildado de "desatino" el informe favorable del CSN y ha reconocido que lo "intrincado y oscuro" del proceso, con muy poco acceso a la información, abre las puertas a la propietaria de la central nuclear a un posible recurso Contencioso-Administrativo, que podría basarse también en que el Gobierno ha resuelto desautorizar la prórroga pese al informe favorable del CSN.
Castejón considera que es "muy poco probable" que prospere el recurso, dado que la Audiencia Nacional ya rechazó un intento similar, cuando la empresa recurrió la decisión del Gobierno socialista de conceder una prórroga hasta 2013 pese a que la empresa había solicitado en 2009 otros diez años de continuidad y el CSN había emitido un informe favorable.