Los editores de libros de texto afirman ahora que no reciben presiones políticas desde hace 18 años

El presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), José Moyano, ha reconocido que su gremio no recibe presiones políticas para incluir o modificar contenidos en los libros escolares desde hace por lo menos 18 años.

Moyano se desdice así de la denuncia que tanto él como el director de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, realizaron hace una semana, cuando acusaron a todas las comunidades autónomas de presionar a los editores. "Estamos hartos de denunciarlo en publico", dijo Moyano ante la prensa el jueves pasado.

Este miércoles, sin embargo, ha precisado que se trata de ejemplos de "una época muy remota", según ha declarado tras reunirse con la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, que le convocó junto a Antonio María Ávila al día siguiente de las polémicas declaraciones.

"Aprovecho para decir que la mayoría de los ejemplos que han creado tanta polémica son de una época muy remota donde se tenía que pasar una supervisión previa, antes del año 2001, muy lejana en el tiempo", ha admitido este miércoles.

El jueves pasado, en cambio, Moyano ilustraba sus acusaciones con un ejemplo de este mismo 2019. "Este año ha pasado con las cajas de cambios en un libro de la Formación Profesional, que había que adaptarlo a la realidad autonómica. Ya me contarán ustedes las cajas de cambio de los coches qué realidad autonómica tienen", aseguró la semana pasada.

Ese mismo día, el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, aseguró ante la prensa que todas las comunidades autónomas presionan personalmente a los editores de libros de texto mediante "mecanismos bastardos" para modificar o incluir contenidos.

En palabras de Ávila, "los políticos presionan y además utilizan mecanismos bastardos para que los libros digan lo que ellos quieren que se diga y no lo que la ciencia dice". Además, acusó a consejeros de Educación y directores generales autonómicos de hacerlo con "un nulo respeto a la libertad de cátedra" para adaptar los contenidos de los libros de texto a sus intereses particulares.

El director general de la Federación de Editores llegó a mencionar caso concretos sin desvelar muchos detalles. Por ejemplo, acusó que "políticos" de Cataluña "quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso --que fue Conde de Barcelona en el siglo IX-- y no de los Reyes Católicos" o aludir a la "corona catalanoaragonesa" en sus libros.

Ávila también aseguró que desde el Gobierno canario, sin concretar cuándo o quién, se solicitó que en los libros "desaparezcan los ríos" porque en las islas "hay ríos poco importantes" y en los libros se señala que tienen importancia como lugares de asentamiento humano o como vías de comunicación.

Del mismo modo, señaló a la Generalitat Valenciana por "censurar a un director de la Real Academia" como el fallecido filólogo Fernando Lázaro Carreter porque, según el relato de Ávila, afirmaba que el valenciano era un dialecto del catalán.

Ante esas acusaciones, la Generalitat catalana reaccionó recordando que la Ley Orgánica de Educación (LOE) determinaba que la edición y adopción de libros de texto no requiere de autorización de la administración educativa y que éstos deben adaptarse a los currículums, siendo la inspección quien hace la supervisión como parte del proceso ordinario.

Así, fuentes de la Conselleria de Educación catalana señalaron que la elección de los libros corresponde a los equipos docentes, y que la Generalitat confía en su "profesionalidad" a la hora de escoger los materiales más adecuados, añadiendo a su vez que no son los únicos que se usan en el aula.