La ciudad de Badajoz sigue consternada tras el asesinato de Belén Cortes, la educadora social hallada muerta en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de la capital pacense. Los tres menores de edad acusados de los hechos ya han sido detenidos después de su intento de fuga con el coche de la víctima.
Tal y como se ha hecho público, Belén había interpuesto varias denuncias previas por amenazas y también había trasladado a su entorno su inquietud por la inseguridad en el centro. Una compañera de la víctima ha asegurado ante los medios que "había habido denuncias previas contra este chico", en referencia a uno de los detenidos: "habiendo denuncias debería estar cumpliendo condenas o medidas aquí en el centro".
El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz confirmaron que en este caso, "parece ser que sí existían denuncias previas, no habiendo sido estas suficientes para tomar medidas protectoras", han apostillado, a la vez que han expuesto que donde ya hay medidas judiciales previas pueden desencadenarse problemas de conducta, "incluso graves", por lo que "en ocasiones hay que hacer contenciones", pues los perfiles de menores atendidos en estos recursos "presentan necesidades complejas que requieren de una atención especializada y acorde a las necesidades de atención que precisa".
Condiciones precarias
Las organizaciones además han mostrado su "consternación y preocupación" por el presunto asesinato de una educadora en el ejercicio de su labor en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores en la capital pacense. También expresan sus "más sinceras condolencias" a la familia, amistades y compañeras de la educadora, y lamentan "profundamente esta irreparable pérdida" y se solidarizan con el colectivo de profesionales de la intervención social que ejercen en contextos de menores infractores, "que día a día trabajan en condiciones de gran exigencia y vulnerabilidad" para garantizar la protección de los menores en pisos de cumplimiento de medidas judiciales.
"Este suceso evidencia, una vez más, las precarias condiciones" en las que los profesionales de la intervención social desempeñan su labor en los contextos del sistema de protección y de justicia juvenil, han remarcado en nota de prensa, junto con que "la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas exponen a las profesionales a situaciones de alto riesgo que no pueden ni deben ser ignoradas".
Así, tachan de "inaceptable" que quienes dedican su vida a la resocialización y protección de menores tengan que hacerlo en un entorno "donde su propia integridad física no está garantizada". "En el desarrollo de este ámbito profesional es frecuente que no se facilite la interposición de denuncia de agresión hacia profesionales, limitando la actuación y prevención por parte del sistema de justicia, así como el establecimiento de otras medidas educativas", ha dicho.
