En concreto, la DGT cifra el seguimiento de este primer día de huelga de septiembre en un 70%, mientras que la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) sitúa esta cifra en un 80,59%. "Es un porcentaje bastante alto para que la DGT se siente a negociar", ha valorado en declaraciones a Europa Press el presidente de la entidad, Joaquín Jiménez, que reitera que "no va a haber servicios mínimos en septiembre", mes para el que están previstos paros para cada lunes, martes y miércoles, porque, según asegura, la ley vigente no lo permite.
Además, el colectivo, que decidió el pasado 23 de agosto sustituir la huelga indefinida por paros en septiembre, no descarta prolongar la huelga a los siguientes meses si el organismo dependiente de Interior no propone una solución al conflicto. Según afirma a Europa Press el presidente de Asextra, no ha habido contacto ninguno de manera oficial desde que ambas partes se reunieran el pasado 22 de agosto. En dicha reunión, no hubo acuerdo sobre la situación ni sobre servicios mínimos. "El colectivo está muy quemado con la DGT", añade Jiménez.
Además, la DGT indica que el número de exámenes prácticos suspendidos este lunes asciende a 3.000, que sumados a los 80.000 que la DGT calcula que se suspendieron durante los 20 días en que hubo huelga en junio y julio, hacen un total de 83.000 exámenes sin hacer.
El colectivo examinador inició sus paros de manera parcial en junio, que continuaron con la misma fórmula prevista para septiembre (los lunes, martes y miércoles) durante todo el mes de julio. Según datos de la DGT, la huelga durante esos meses fue seguida por un 70% de media de trabajadores --con porcentajes que rozaban el 75% los primeros días y que descendieron al 62% en los últimos--.
El motivo por el que se halla en huelga este colectivo es la petición de un incremento salarial --de más de 200 euros al mes-- que, según aseguran, la DGT se comprometió en 2015 a hacerlo efectivo. El organismo, en cambio, defiende que no es de su competencia este incremento económico y afirman que han trasladado la petición del colectivo a Hacienda, órgano competente en dicha materia. Asimismo, los examinadores también exigen con estos paros la mejora de las condiciones laborales de su puesto, al haber un déficit en el número de funcionarios.