En un decreto al que ha tenido acceso Efe, la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, subraya que el derecho a la libertad de expresión no ampara el discurso de odio y discriminación, pero en este caso no se aprecia "actuación alguna que de forma directa o indirecta promueva, favorezca o incite al odio" respecto a los colectivos protegidos por el Código Penal.
Y recuerda: "la ideología, al igual que los sentimientos, no es algo que pueda prohibirse", por lo que sus manifestaciones externas y públicas, en la medida que no constituyan una incitación al odio, "no constituyen ilícito penal". De ese modo, archiva las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de la diputada Eva Solla, de Rubén Pérez y José María Tubio en representación de Izquierda Unida.
