Este lunes, se han conocido otras cifras hechas públicas por las asociaciones de funerarias, que durante meses han contabilizado los fallecidos reales, también los sospechosos. Y aseguran que han muerto un total de 43.985 personas.
Desde este colectivo insisten en que son "datos reales" tomados desde el 23 de marzo hasta el 23 de mayo y que suponen en cifras un 53% más de fallecidos con respecto a las oficiales.
Los informes sobre las causas de defunción que acompañan a estos datos recogen la insuficiencia respiratoria de los fallecidos, además de neumonía, infarto, diabetes y posible o sospecha de infección por COVID-19.
El documento ha sido elaborado con datos de funerarias, personal de cementerios, registros civiles e institutos de medicina legal ante la "falta de luz que arrojan las cifras oficiales".
Según el comunicado, incluyen a las personas fallecidas por sospecha de COVID-19 -ya que en las primeras semanas no se hacían test de detección- y también a los fallecidos en residencias de ancianos, domicilios y centros hospitalarios.
No quieren "dejar a nadie fuera", no sólo del número o la estadística, sino del reconocimiento de las autoridades y de la sociedad.
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