El letrado Felipe Lozano, que ha ejercido la defensa de Raquel Gago en la vista celebrada en la Audiencia de León para decidir sobre su ingreso en prisión, ha explicado que ante el TC presentará un recurso de amparo debido a "supuestas vulneraciones" de sus derechos que se han producido a lo largo del proceso. Además, acudirán al Consejo de Ministros para solicitar el indulto con suspensión de la pena.
La propia Raquel Gago he hecho uso de su derecho a cerrar la vista y, con voz entrecortada, ha expresado su desacuerdo con la decisión del Supremo y ha anunciado que agotará todas las vías legales a su alcance contra la condena que le ha sido impuesta. "La decisión no es justa y seguiremos recurriendo hasta que se nos permita", ha subrayado Gago, que también ha reclamado que se le permita seguir en libertad provisional hasta que se resuelvan las nuevas iniciativas.
Por su parte, el letrado de la defensa ha avanzado en declaraciones a los periodistas al abandonar la Audiencia que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional y, además, solicitará el indulto. "En el caso del recurso lo vamos a fundamentar debidamente porque creemos que no se han respetado sus derechos constitucionales", ha declarado el letrado.
Lozano ha expresado su confianza en que el alto tribunal atienda este último recurso después del revés que ayer sufrió su patrocinada, de la que ha dicho que está "nerviosa", al aumentarle el Supremo la condena de 12 a 14 años, por complicidad en asesinato y tenencia ilícita de armas.
El Supremo confirmó las condenas de 22 y 20 años por el asesinato de Isabel Carrasco para Montserrat González y su hija Triana Martínez, respectivamente, y elevó en dos años la pena para Raquel Gago. Esta condenada por el asesinato de Isabel Carrasco perderá su empleo como agente de la Policía Local de León después de la sentencia del Supremo ya que el Ayuntamiento mantenía un expediente de suspensión de funciones vigente hasta el fin del procedimiento judicial, que concluye ahora y conllevará su expulsión del Cuerpo. En la actualidad, Gago recibía un sueldo de casi mil euros, correspondiente a su salario sin los complementos.
Una vez que su condena sea firme deberá devolver a las arcas municipales las cantidades cobradas desde la apertura de su expediente, unos 24.000 euros, según han confirmado a Efe fuentes municipales. Raquel Gago fue encarcelada pocos días después del asesinato de la dirigente del PP por su presunta implicación en los hechos, aunque fue puesta en libertad provisional el 29 de enero de 2015 bajo fianza de 10.000 euros. Una vez fue puesta en libertad condicional, Gago tenía derecho a pedir la reincorporación a su puesto, aunque no hizo uso de esa potestad.
La defensa de Raquel Gago había presentado ante el Supremo un recurso de casación en el que reclamaba su libre absolución o la repetición del juicio por la "violación de derechos fundamentales" durante el proceso. El letrado Fermín Guerrero pedía en su recurso "la devolución del procedimiento a la Audiencia de León" y que se celebrase un nuevo juicio con un jurado popular distinto o que se absolviera a su patrocinada de los delitos a los que había sido condenada.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) elevó el pasado 13 de julio la condena de 5 años, que le fue impuesta a Gago por encubrimiento del asesinato de Isabel Carrasco, a 12 años, al considerarla cómplice, como determinó el jurado y la Fiscalía.
Inicialmente, la Audiencia de León absolvió del delito de asesinato a Raquel Gago en contra del veredicto del jurado y de la posición mantenida por la Fiscalía, al asumir el tribunal que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas, por lo que la condenó a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas.
