Todo ello a través de una ley garantista para que entre otras cosas se garantice un estudio lo más profesional posible del paciente que exprese su deseo a morir.
Para el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Serafín Romero, lo importante también es que el profesional que quiera objetar lo haga en el colegio que le corresponda. "Tener un registro público puede generar consecuencias no adecuadas para el desarrollo hasta profesional del propio médico", dice.
El sector aboga además porque el profesional que mueva la petición del paciente sea el que mejor le conozca en cada caso.
