El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que ese decreto ley recogerá los acuerdos a que se llegue en la reunión de la conferencia sectorial que él mismo presidirá el 28 de noviembre para hablar de este asunto con las comunidades.
Lo ha explicado el propio ministro al intervenir en el pleno del Congreso justo al terminar de debatirse una propuesta socialista para comenzar a tramitar la "suspensión" del calendario de implantación de la Lomce y su sustitución posteriormente por otra ley que la derogue. "El Gobierno quiere dar un paso adelante" para llegar a un pacto nacional por la educación y va a cumplir lo anunciado por Mariano Rajoy en el debate de investidura y lo acordado entre el PP y Ciudadanos respecto a la "suspensión" del calendario de implantación de los aspectos de la Lomce que no están en vigor.
Ha criticado la vía elegida por el PSOE con la iniciativa parlamentaria citada y se ha remitido a la futura subcomisión de Educación para "auspiciar" el pacto nacional por la educación.
En declaraciones posteriores a la prensa, ha indicado que corresponde a la subcomisión determinar el plazo para el pacto, aunque a él, personalmente, seis meses le parece un periodo "corto". "Si fuimos capaces de hacer la Constitución de 1978, ¿por qué no somos capaces de hacer una pacto nacional por la educación?", se ha preguntado el ministro, que espera que la oposición tenga el mismo empeño que el Ejecutivo para conseguirlo.
La paralización de los efectos académicos de las pruebas finales supondrá que la de cuarto de ESO, en caso de mantenerse tras la Conferencia Sectorial, solo tendrá carácter diagnóstico; y la de segundo Bachillerato será de acceso a la Universidad. Según la Lomce, los alumnos están obligados desde este curso (2016-2017) a realizar esas evaluaciones finales, aunque solo en esta primera ocasión no contarán para conseguir los títulos correspondientes, pero sí para ir a la Universidad pues se suprime la Selectividad.
La Constitución justifica el decreto ley en caso de "extraordinaria y urgente necesidad", aunque deberá ser sometido a debate y votación de totalidad del Congreso en el plazo de treinta días tras su promulgación. El ministro ha confiado en la convalidación porque la "razón" lo inclina a pensar eso.
