Según informa la subdelegación del Gobierno en Tarragona, el propietario del animal no pudo acreditar la legal procedencia del animal, que se haya incluido en el Convenio de Protección de Especies de Fauna y Flora Silvestre mediante el control de su comercio (CITES).
La investigación se inició cuando agentes del SEPRONA constataron que en un conocido portal de Internet se había publicado un anuncio en el que se ponía a la venta un cocodrilo naturalizado por taxidermia. Una vez localizado el anunciante y puestos en contacto con el propietario del animal, se concertó una entrevista donde se le requirió el documento que autorizaba su legítima procedencia o justificante del origen de la especie, y al no poder hacerlo se le informó de que se daría cuenta del hecho a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Tarragona por una supuesta infracción a la Ley 12/95 de represión del contrabando.
En algunos casos, esta práctica puede ser constitutiva de un delito y puede acarrear penas de prisión y elevadas multas. La importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especies en peligro de extinción son de interés de protección especial, y por ello la Guardia Civil trabaja para erradicar estas acciones