Hoy se ha aprobado en el Congreso la nueva ley de Educación, la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá'. Envuelta en una fuerte polémica por las novedades que incluye la norma en algunos aspectos como el de la educación concertada y los colegios, la votación ha salido finalmente adelante y el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ha conseguido el objetivo de sustituir la LOMCE o 'Ley Wert', que era la norma educativa que estaba vigente en la actualidad.
La 'Ley Celaá' se ha aprobado con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.
¿En qué consiste la ley Celaá o LOMLOE?
La LOMLOE o 'Ley Celaá' tiene como objetivo la derogación de la LOMCE vigente y aprobada bajo el Gobierno del PP y la actualización de la socialista LOE a través de cinco pilares:
- El interés superior del menor,
- La igualdad de género y la prevención de la violencia machista, l
- La mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje,
- La importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030
- La necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.
La educación concertada, con nuevas restricciones
La 'Ley Celaá' aumenta las restricciones hacia la educación concertada, ya que contempla que tanto los centros públicos como privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias.al no contemplar que estos centros soliciten el pago de cuotas a través de sus fundaciones.
Este motivo ha llevado a la enseñanza concertada a convocar varias concentraciones de protesta frente al Congreso para mostrar su rechazo a la LOMLOE. La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos cercanos a la educación concertada, ha recogido más de 1.300.000 firmas de apoyo contra la tramitación de la Lomloe.
Además de la protesta ante el Parlamento, también se han convocado movilizaciones a las puertas de todos los colegios de las distintas comunidades.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), en declaraciones a ondacero.es, afirma que una de las cosas que más les preocupa es que la Ley Celaá quita a los padres la libertad a la hora de elegir la escuela para sus hijos y acaba con la pluralidad de modelos educativos en España: "Busca que la concertada deje de ser complementaria de la escuela pública para pasar a tener un papel secundario". Por este motivo, asegura que si esta ley llega hasta sus últimas consecuencias, puede derivar en la desaparición definitiva de la escuela concertada, "que se quede en algo completamente residual y subsidiario de la pública".
Segregación por sexos e igualdad de género
La norma incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.
Asimismo, las administraciones impulsarán el incremento de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina. Del mismo modo promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. Los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.
La ley Celaá y los colegios de educación especial
La LOMLOE se refiere a los centros de educación especial en la disposición adicional cuarta, que establece que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
El texto precisa que ese objetivo se corresponde con "el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas" y cumple "el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030".
También establece que "las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".
Pasar de curso con asignaturas suspensas
Otro de los puntos polémicos es el que afecta a la repetición de curso. Según el informe, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso se considerará excepcional. El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
La ministra defendió este punto relativo a conseguir la titulación sin límite de suspensos, pues "el objetivo no es otro que dar respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia. Afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso". Aseguró que se tratará de una decisión "global" y "no aislada" que se tomará de forma colegiada por los equipos docentes del centro.
El PSOE defendió a la ministra al asegurar que la norma tiene como objetivo "facilitar a más de 8,5 millones de alumnos que tengan una seguridad para finalizar el curso", así como otorgar "certidumbre" a los docentes que tengan que enfrentarse a los "problemas" que puedan generarse como consecuencia de la pandemia. Según la diputada Luz Martínez Seijo, "en ningún sitio" se recoge que los profesores tengan la obligación de hacer que un alumno pase al siguiente curso cuando han suspendido.
Eliminación del castellano como lengua vehicular
El pasado 5 de noviembre, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron en la Comisión de Educación que la nueva reforma educativa no incluyese el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
La enmienda -que salió adelante con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención de PNV- generó mucha polémica entre los grupos de la oposición, que la consideraron anticonstitucional y una cesión al independentismo catalán, ya que elimina del proyecto la frase "castellano, lengua oficial del Estado" y la de "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares".
Asimismo, se fija que serán las comunidades quienes garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.
En el área de Lengua Propia y Literatura, en aquellas comunidades que posean dicha lengua propia con carácter oficial podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados
de dicha área. Lengua propia y Literatura recibirá el tratamiento que las comunidades afectadas determinen, garantizando en todo caso el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales.
Otros de los puntos de la 'Ley Celaá'
Conocimiento de la historia de la democracia
Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad con el fin de asentar los valores cívicos y contribuir en la formación de ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.
Educación afectivo-sexual
Se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. En concreto, en primaria se propone conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.
Criterios para la adminisión de alumnos
Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres y la renta per cápita familiar.
Comisiones de admisión
Las administraciones educativas podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta. Velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos.
Suelo para los centros públicos
Se promoverá un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Los municipios cooperarán con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.
Plazas en Educación Infantil
Las administraciones incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años. El segundo ciclo de infantil será gratuito, y las administraciones garantizarán una oferta suficiente de plazas en centros públicos y concertarán con centros privados. Se promoverá la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas posteriores.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se elaborará un plan de ocho años para la extensión del primer ciclo de infantil hacia una oferta pública suficiente.
Certificación en secundaria
Todos los alumnos recibirán al concluir la ESO una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.
Educación en adultos
Podrán incorporarse a la educación de personas adultas, además de quienes cumplan 18 años, los mayores de 16 años que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.
Plan ante situaciones de emergencia
El Ministerio en colaboración con las comunidades definirán un modelo de plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa. Incluirá aspectos organizativos y de funcionamiento del centro y las medidas que garanticen la competencia digital del alumnado y profesorado.
