El motivo por el que estaba cubierto de tierra el cuerpo de Julen, es uno de los aspectos que tendrá que determinar la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.
Todas las diligencias e investigaciones para "establecer posibles responsabilidades" en la muerte del menor corresponden ahora al Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, como avanzó el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Los primeros datos de la autopsia practicada al cuerpo han permitido saber que el niño sufrió politraumatismos al precipitarse de pie en el pozo, que sus brazos estaban hacia arriba y que el pequeño presentaba erosiones compatibles con roces en la caída.
Tras el levantamiento del cadáver en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue trasladado primero al hospital Clínico Universitario de Málaga para someterlo a un estudio radiológico y, a continuación, al Instituto de Medicina Legal de la capital malagueña para practicarle la autopsia.
Queda por despejar la incógnita de por qué el niño tenía encima la tierra con la que se formó el tapón que impidió succionar ese material para rescatarlo, primera opción que intentaron los técnicos antes de acometer un túnel vertical paralelo al pozo para después acceder a través de una galería horizontal.
También habrá que esclarecer las circunstancias en que se produjo la caída del niño, puesto que el empresario que perforó el pozo, Antonio Sánchez, aseguró en su declaración a la Guardia Civil que después de terminar su trabajo selló el orificio, pero su actuación había sido modificada posteriormente.
Durante el operativo de rescate se conoció asimismo que la Junta de Andalucía no había tramitado ningún permiso para excavar este pozo en busca de agua, y que en ningún departamento del gobierno autonómico constaba que se hubiese solicitado dicho permiso.
En caso de haber tenido permiso, los responsables de la obra tendrían que haber tramitado un segundo expediente, solo si hubiesen encontrado agua, para poder extraerla legalmente, y este trámite habría correspondido a la Dirección General de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas, donde tampoco consta ninguna petición.