Este auto, consultado por Europa Press, ha sido trasladado también al grupo policial de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer "a fin de que por el mismo se proceda a auxiliar en la entrega y devolución acordada".
Señala que "las resoluciones judiciales, y especialmente aquellas contra las que no cabe recurso alguno o en el caso de que quepa alguno no tenga carácter suspensivo, serán inmediatamente ejecutables e inmutables", en referencia al auto del pasado 20 de noviembre por el que la Audiencia Provincial de Granada dejó sin efecto las medidas urgentes acordadas por el Juzgado de Instrucción 9 de la capital granadina el pasado mes de junio, por las que retiraba la custodia de su hija a De la Osa.
Firmado por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada en sustitución de la magistrada del 9, "por abstención de la misma estimada justificada por la Audiencia Provincial", al auto se le ha dado cumplimiento, según fuentes del caso consultadas por Europa Press, este mismo viernes, cuando la progenitora ha recogido en la puerta del colegio a la niña.
En el marco de la investigación que se siguió contra De la Osa en Granada por supuestas sustracción de menores y por desobediencia, la Audiencia Provincial, en el auto de fecha 20 de noviembre, dio la razón a la madre, dio sin efecto las medidas urgentes decretadas por el juez de instrucción, y dejó en vigor la sentencia que regula la custodia de la niña, que tiene la progenitora.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
A finales de julio, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de Plaza de Castilla remitió a la Fiscalía un informe que apuntaba a que Infancia Libre, la organización que se dedicaba supuestamente a la protección de los niños, operaba como una organización criminal, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Desde el 1 de abril han sido detenidas María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y otras tres mujeres vinculadas a esta organización. Fue ella la que en 2017 participó en una comisión en el Congreso de los Diputados invitada por Podemos donde denunció varios casos de abusos sexuales de los "más de 170" que, según decía, habían sido contabilizados por esta organización.
Los investigadores de la Policía apuntan a que la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denunciar falsas al objeto de perjudicar a los padres retirando la custodia de los menores. Para ello, las madres denunciantes fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias con un mismo patrón.