La demanda del Prior se fundamenta en que la prohibición de acceso se aplicó ya desde el 20 de octubre a pesar de que la exhumación no se iba a realizar hasta cuatro días después.
"En esos días, la Guardia Civil y sin autorización judicial", según puntualiza el Prior, "no permitió el acceso de los monjes a la basílica para asistir a los oficios religiosos", pero lo más grave para Santiago Cantera es que "militares armados, trabajadores de funerarias y constructoras" campaban libremente sin control por el recinto pudiéndose producir "profanaciones y actos contrarios al culto".