El investigado ha ingresado en el centro penitenciario de Navalcarnero, según ha dispuesto en un auto la magistrada a petición del fiscal, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Cristóbal López Vivar fue detenido el viernes pasado en Navalcarnero por una supuesta estafa tras el cierre de sus nueve clínicas dentales en España, de ellas siete en la Comunidad Madrid, en concreto en Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y las otras dos en las localidades barcelonesas de Sabadell y Mataró.
En su resolución la jueza relata que existen indicios para imputar a Cristóbal López Vivar un delito de estafa recogido en el Código Penal con una pena señalada de seis años de prisión
Añade que, según ha declarado, el detenido creó diferentes empresas en el ámbito de las odontología, Exitodental S.A., Dentalsalud S.L., Laboratoria Crisan SL, Dental Salud S.L., Zona Norte S.L., Zona Sur S.L., Zona Este S.L. y Zona Oeste S.L. y ofrecía la posibilidad de financiación de los tratamientos odontológicos mediante créditos.
La jueza agrega que a pesar de los beneficios que al parecer ofrecía el negocio, tal como ha reconocido el investigado, de aproximadamente un millón y medio de euros al mes, "sin llegar a aclarar las razones de por qué era tan fructífero", derivó en el impago a los trabajadores.
Explica que "a sabiendas de las dificultades económicas que su negocio atravesaba ya en el verano pasado siguió con su actividad acogiendo a más pacientes y continuando con gastos suntuarios como la adquisición hace unos meses de un vehículo alta gama, un Audio A7".
El auto destaca que el pasado 28 de enero procedió a cerrar todas las clínicas sin previo aviso ni a los trabajadores ni a los pacientes.
Según la resolución judicial esto a supuesto la imposibilidad a cientos de pacientes de culminar su tratamiento, ya abonado en metálico o a través de financiación.
"Si bien en este momento solo se tiene conocimiento cierto de las denuncias recogidas ante la Policía Nacional de Móstoles, solo estas alcanzan a 167 afectados cuya cuantía económica alcanza los 726.566 euros", detalla la jueza.
La magistrada fundamenta que además procede la prisión provisional de Cristóbal López porque considera que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en atención a la naturaleza y gravedad del delito que se le imputa.
Comenta que aunque se han llevado a cabo registros recuerda que "en este tipo de delitos, en los que los documentos que se puedan intervenir es fundamental, el hecho de que no solamente estemos hablando de una sola empresa sino de un conjunto de ellas pone de manifiesto la existencia del peligro invocado por el fiscal y por tanto la necesidad de preservar los medios de prueba".
