La Audiencia de Madrid ha ordenado por segunda vez reabrir la investigación judicial por la muerte de nueve personas por coronavirus en varias residencias de Leganés (Madrid) en la primera ola de la pandemia para poder tomar "una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados".
"Deficiente atención sanitaria
Una vez concluida la investigación, "el instructor, con libertad de criterio, podrá acordar en su caso la práctica de la correspondiente pericial médico forense respecto de aquellos residentes que considere necesario, así como cualquier otra diligencia".
La Justicia ha ordenado tomar declaración a los responsables de protocolos de actuación frente al coronavirus en cada residencia, en concreto, Amavir-El Encinar, Aralia Servicios Socio-Sanitarios-Parque de los Frailes, Vitalia Home-Leganés y Domus VI-Leganés.
Los familiares señalan en la querella que hubo una "deficiente atención sanitaria". Por ese motivo, el juez insta a tomar declaración a los responsables médicos de cada una de las cuatro residencias, para explicar la situación médica de los pacientes a los que hacen referencia las denuncias e informar de los medios para tratar a los ancianos que no pudieron ser derivados a hospitales.
Por último, quiere que tome declaración en calidad de testigos a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el Hospital de referencia, para que informen sobre los criterios adoptados en esas fechas para el traslado de los enfermos desde las residencias implicadas a los hospitales.
Segunda vez que se reabre la causa
Es la segunda vez que la Audiencia de Madrid reabre esta investigación, originada inicialmente por la denuncia de nueve familiares que alegan que los contagios de los residentes fueron consecuencia de un deficiente cumplimiento de los protocolos covid en el ámbito residencial y los fallecimientos se debieron a la falta de derivación hospitalaria o en los retrasos en las mismas. En la querella pidieron investigar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Justicia y de Sanidad, si bien estos quedaron fuera del procedimiento desde el primer momento por ser aforados.
