La Policía Nacional recibió un aviso para que se personaran en la vivienda el 19 de septiembre, porque "se estaba produciendo la okupación de la vivienda". La cerradura estaba forzada y allí estaban viviendo las dos mujeres y los tres niños, menores de seis años, 14 meses y dos meses.
La acusada María del Rocío F.V. asegura que trabajaba para la anterior propietaria, ya fallecida, quien le otorgó "el uso y disfrute de la vivienda cuando ella muriese, si bien no llegó a ratificarlo por escrito". Por lo que, la monja presidenta de la Asociación Familia Vicenciana, presentó la denuncia.
La monja expone que cuando el 21 de septiembre cuando quiso entrar en el inmueble estaba okupado por estas mujeres que "se negaron a abandonar" la vivienda.
Rechazada la medida cautelar de desalojo inmediato
El Ministerio Público asegura que "nos hallamos ante un supuesto excepcional que requiere una solución excepcional", pues "se trata de una vivienda que iba a ser ya destinada a acoger mujeres víctimas de trata de seres humanos, por lo que el destino de la vivienda exige la adopción de la medida cautelar con el inmediato desalojo de la vivienda". Aunque la defensa solicita el inmediato desalojo de la vivienda.