La operación Ignis se ha saldado por el momento con 14 personas detenidos, entre propietarios del grupo empresarial y empleados, acusados de estafa continuada y organización criminal y se ha intervenido casi un millón de euros en efectivo en el registro de la vivienda de uno de los directivos de la funeraria.
El fraude cobra especial importancia porque "toca la fibra sensible" de los ciudadanos cuando se sienten "más vulnerables", cuando pierden a sus seres queridos y el "ultraje es mayor" en el momento del "último adiós", ha resumido la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.
La operación se conocía a primera hora de ayer, cuando a las ocho de la mañana 76 agentes de la policía nacional registraron los domicilios de los implicados y la sede de la funeraria, el tanatorio y el cementerio, donde están los crematorios, todos ellos propiedad de la misma familia, algunos de los cuales han sido detenidos junto a varios empleados.
Y sólo es la primera fase de la investigación, según ha insistido el jefe superior de la Policía Nacional de Castilla y León, Jorge Zurita, ya que en esos siete registros, cuatro de ellos en domicilios, se han intervenido ocho ordenadores, un servidor y numerosa documentación.
Un día después de la operación, las denuncias han sido pocas pero el jefe superior de la Policía de Castilla y León ya ha pedido a los afectados que "no se aglomeren" en las comisarías y ha explicado que estudiarán cómo "canalizar" la actuación.
Aunque la investigación abarca desde 1995 a 2015, del que se conserva documentación, no se descarta que la estafa, en un caso con varias piezas separadas, no haya continuado de la funeraria, que da empleo a 70 personas en Valladolid y la provincia, no haya continuado.
El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, que ha levantado parte del secreto de sumario, con lo que se ha conocido que en uno de los domicilios registrados, el de uno de los directivos, se han encontrado 961.785 euros en metálico.
La investigación arrancó en 2017 tras un "desencuentro laboral" de un extrabajador que denunció prácticas irregulares en la funeraria, sin que se sepa aún la cuantía estafada en cada operación o el modo en el que hacían los cambios de ataúd, según la delegada.
Los implicados revendían presuntamente tanto los ataúdes como los coronas de flores, lo que les habría reportados importantes beneficios. Según datos de la OCU, de los 3.500 euros de media que cuesta un entierro en España, el féretro es la partida más cara y puede costar entre 600 y 2.600 euros.
La funeraria investigada ofrece en su página web coronas de flores a un precio que oscila entre los 200 y los 450 euros. En la Operación Ignis (fuego en latín) ha intervenido el área de vigilancia aduanera de la delegación de la Agencia Tributaria de Castilla y León, lo que deja abiertas nuevas preguntas sobre el origen de los ataúdes más baratos, que la delegada del Gobierno ha declinado contestar para dejar avanzar la investigación.
El grupo el Salvador, creado en 1985 como Agencia Funeraria Castellana, está presente, además de en Valladolid - donde secircunscribe por el momento la investigación-, en localidades de la provincia como Tordesillas, Medina de Rioseco, Peñafiel, Mojados, Tudela de Duero y Montemayor de Pililla.
El grupo funerario achacó ayer el caso a un chantaje económico de un exempleado en 2017, un extrabajador que reclamó cantidades de dinero a cambio de no revelar "prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido".
