Estas son las claves y polémicas de la Ley Celaá con la que el Gobierno cambiará la educación en España

La Comisión de Educación del Congreso vota este viernes el dictamen de la reforma de la LOMLOE o 'Ley Celaá' -por la ministra de Educación, Isabel Celaá-, que incluye novedades que han generado polémica entre el sector educativo y los grupos políticos. Entre otras, la parte que afecta al castellano como lengua vehicular en la educación, el papel de la enseñanza concertada, la especial, etc. Estos son los puntos más polémicos de la 'Ley Celaá':

Eliminación del castellano como lengua vehicular

El pasado 5 de noviembre, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron en la Comisión de Educación que la nueva reforma educativa no incluyese el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

La enmienda -que salió adelante con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención de PNV- generó mucha polémica entre los grupos de la oposición, que la consideraron anticonstitucional y una cesión al independentismo catalán, ya que elimina del proyecto la frase "castellano, lengua oficial del Estado" y la de "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares".

Asimismo, según el informe de la ponencia -al que ha tenido acceso EFE- se fija que serán las comunidades quienes garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.

En el área de Lengua Propia y Literatura, en aquellas comunidades que posean dicha lengua propia con carácter oficial podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados

de dicha área. Lengua propia y Literatura recibirá el tratamiento que las comunidades afectadas determinen, garantizando en todo caso el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales.

Restricciones a la educación concertada

La 'Ley Celaá' también aumenta las restricciones hacia la educación concertada, ya que contempla que tanto los centros públicos como privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias.al no contemplar que estos centros soliciten el pago de cuotas a través de sus fundaciones.

Este motivo ha llevado a la enseñanza concertada a convocar varias concentraciones de protesta frente al Congres para mostrar su rechazo a la LOMLOE. La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos cercanos a la educación concertada, ha recogido más de 1.300.000 firmas de apoyo contra la tramitación de la Lomloe.

Además de la protesta ante el Parlamento, también se han convocado movilizaciones a las puertas de todos los colegios de las distintas comunidades.

Segregación por sexos e igualdad de género

La norma incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.

Asimismo, las administraciones impulsarán el incremento de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina. Del mismo modo promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. Los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.

Pasar de curso con asignaturas suspensas

Otro de los puntos polémicos es el que afecta a la repetición de curso. Según el informe, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso se considerará excepcional. El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

La ministra defendió este punto relativo a conseguir la titulación sin límite de suspensos, pues "el objetivo no es otro que dar respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia. Afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso". Aseguró que se tratará de una decisión "global" y "no aislada" que se tomará de forma colegiada por los equipos docentes del centro.

El PSOE defendió a la ministra al asegurar que la norma tiene como objetivo "facilitar a más de 8,5 millones de alumnos que tengan una seguridad para finalizar el curso", así como otorgar "certidumbre" a los docentes que tengan que enfrentarse a los "problemas" que puedan generarse como consecuencia de la pandemia. Según la diputada Luz Martínez Seijo, "en ningún sitio" se recoge que los profesores tengan la obligación de hacer que un alumno pase al siguiente curso cuando han suspendido.

La educación especial, en el punto de mira

La educación especial ha pedido también la supresión de una disposición de la ley que permitiría cerrar estos centros. Se trata de la Disposición Adicional Cuarta cuya supresión ha pedido la 'Plataforma Inclusiva Sí, Especial También'.

Según la plataforma, la redacción de esta disposición es "ambigua" y abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de educación especial de alumnos para, progresivamente (en un plazo de una década), "transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado".

El proyecto de ley recoge que "las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna".

Los inspectores educativos ya no se elegirán por oposición

Entre las muchas enmiendas a la LOMLOE que salieron adelante, una de ellas permitiría ser inspector educativo sin tener que realizar una oposición, lo que generó mucho enfado en el sector educativo, que sostiene que esto fomentará el enchufismo.

El presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, Jesús Marrodán, afirmó que la enmienda resta valor a la profesión y pone en duda su independencia: "No queremos volver a épocas donde el amiguismo permitía acceder a ciertos cargos públicos, queremos transparencia, queremos una inspección técnica, profesional y autónoma".

Según el informe y su punto referido a los inspectores, en la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos, mientras que la fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa.

Contratación de docentes sin máster específico

La ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió la contratación de docentes sin máster específico ya que, a su juicio, la situación actual "obligaba" a reforzar las plantillas de manera urgente: "Ello puede implicar que, en algunos casos, ciertamente pocos, pero no desdeñables, no se disponga de candidatos suficientes idóneos. No resulta aceptable que haya grupos de estudiantes sin docentes".

Además, en el informe también se recoge un punto denominado 'Cambio de puesto en docentes', que asegura que aquellos funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado.

Otros de los puntos de la 'Ley Celaá'

EFE ha tenido acceso al informe de la ponencia de la Comisión de Educación sobre la 'Ley Celaá', que consta de 112 páginas y sobre el que se ha trabajado en cinco reuniones entre el 20 de octubre y el pasado 5 de noviembre. Estos son otros de los puntos que incluye:

Conocimiento de la historia de la democracia

Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad con el fin de asentar los valores cívicos y contribuir en la formación de ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.

Educación afectivo-sexual

Se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. En concreto, en primaria se propone conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.

Criterios para la adminisión de alumnos

Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres y la renta per cápita familiar.

Comisiones de admisión

Las administraciones educativas podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta. Velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos.

Suelo para los centros públicos

Se promoverá un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Los municipios cooperarán con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.

Plazas en Educación Infantil

Las administraciones incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años. El segundo ciclo de infantil será gratuito, y las administraciones garantizarán una oferta suficiente de plazas en centros públicos y concertarán con centros privados. Se promoverá la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas posteriores.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se elaborará un plan de ocho años para la extensión del primer ciclo de infantil hacia una oferta pública suficiente.

Certificación en secundaria

Todos los alumnos recibirán al concluir la ESO una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.

Educación en adultos

Podrán incorporarse a la educación de personas adultas, además de quienes cumplan 18 años, los mayores de 16 años que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.

Plan ante situaciones de emergencia

El Ministerio en colaboración con las comunidades definirán un modelo de plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa. Incluirá aspectos organizativos y de funcionamiento del centro y las medidas que garanticen la competencia digital del alumnado y profesorado.

Polémica entre los grupos políticos

La Comisión de Educación del Congreso debate el dictamen del proyecto, que será elevado posteriormente al Pleno para realizar una votación final que requiere de la mayoría absoluta de la Cámara.

Este proyecto de ley ya recibió tres enmiendas a la totalidad por parte de los grupos del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que solicitaban la devolución al Gobierno, y que fueron debatidas y finalmente rechazadas.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció esta semana que su voto a favor de los Presupuestos Generales del Estado estaba condicionado a que el Gobierno rectificase y retirase la enmienda a la ley educativa que elimina el castellano como lengua vehicular en la educación.

La LOMLOE o 'Ley Celaá' tiene como objetivo la derogación de la LOMCE vigente y aprobada bajo el Gobierno del PP y la actualización de la socialista LOE a través de cinco pilares: el interés superior del menor, la igualdad de género y la prevención de la violencia machista, la mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje, la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030 y la necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.