Los motivos de la educación concertada para estar en contra de la Ley Celaá

El Congreso de los Diputados debate este jueves el dictamen que aprobó la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el proyecto de la LOMLOE o Ley Celaá, cuyo principal objetivo es revertir la LOMCE, aprobada por el PP en 2013.

El proyecto de Ley Orgánica, que tiene que recibir la mayoría absoluta de la Cámara Baja, ha sido objeto de muchas críticas en las últimas semanas por parte de numerosos sectores educativos por alguno de los puntos que recoge, como el referido a la educación concertada.

¿Qué propone la ley en relación a la educación y los colegios concertados?

La Ley Celaá aumenta las restricciones hacia este tipo de educación, ya que contempla que tanto los centros públicos como los privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito.

Tampoco podrán solicitar el pago de cuotas a través de sus fundaciones, con lo que se pretende evitar que las familias estén en la obligación de aportar dinero a estas asociaciones o que se establezcan servicios obligatorios vinculados a las enseñanzas que necesiten aportación económica.

Además, da más importancia a la cercanía del domicilio de residencia, que se convierte en casi el único criterio para la admisión de los alumnos en centros educativos. Se mantienen otros requisitos, como el de tener hermanos en el centro, proximidad al trabajo de los padres o ser familia numerosa.

Otros puntos polémicos de la normativa es que contempla, tanto en su origen como a través de enmiendas, la retirada del concierto a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, o la prohibición de ceder suelo público a la construcción de centros que no sean de titularidad pública.

En el proyecto de ley educativa que presentó Celaá en 2018 ya se advirtió a los colegios concertados que separaban a niños y niñas de que no cumplían con el principio básico de la equidad: "Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España".

¿Por qué la educación concertada está en contra de la Ley Celaá?

El sector de la educación concertada se manifiesta desde hace tres semanas en contra la LOMLOE, pero llevan desde 2018 denunciando la normativa e intentando hablar con el Ministerio dirigido por Isabel Celaá. "Ese año pedimos una interlocución, pero no nos han querido oír (...). Nos han vetado la posibilidad de participar en la tramitación de la ley, a pesar de que hemos pedido comparecencias en la Comisión de Educación del Congreso, pero nos lo han negado", explica a ondacero.es la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.

Respecto a la ley, la considera "inoportuna" porque llega en mitad de una pandemia y porque ha sido redactada hace dos años cuando las necesidades que tenía la educación eran distintas a las que tiene ahora en 2020 de cara a 2021.

Asimismo, afirma que una de las cosas que más les preocupa es que la Ley Celaá quita a los padres la libertad a la hora de elegir la escuela para sus hijos y acaba con la pluralidad de modelos educativos en España: "Busca que la concertada deje de ser complementaria de la escuela pública para pasar a tener un papel secundario". Por este motivo, asegura que si esta ley llega hasta sus últimas consecuencias, puede derivar en la desaparición definitiva de la escuela concertada, "que se quede en algo completamente residual y subsidiario de la pública".

No obstante, considera que esta pérdida de libertad no sólo afecta a los padres que eligen llevar a sus hijos a colegios concertados, sino también a los de la escuela pública, ya que estos últimos tampoco podrán elegir a qué colegios quieren llevar a sus hijos. "Si yo quiero un colegio público con un proyecto educativo concreto, no lo voy a poder elegir porque quien elegirá por mí será el Estado (...)", asegura Begoña Ladrón, para quien este modelo educativo supone "no entender cómo funciona la educación en España".

Sobre el punto referido al pago de cuotas, cree que se debe regular el módulo de concierto para la financiación de la escuela concertada: "Esto no es algo que beneficie únicamente a la concertada porque lo que queremos es que al Estado le cueste igual esta que la pública. La realidad, a día de hoy, es que el alumno de la concertada le cuesta al Estado poco más de la mitad que el alumno de la pública".

Reconoce que no han recibido respuesta por parte del Ministerio de Educación a sus peticiones y vuelve a denunciar que no hayan contado con un tipo de educación que representa el 30% en España: "Nosotros lo que queremos es que haya plazas en función de la demanda de las familias. Si hay zonas donde se demanda más escuela pública, que se amplíen las plazas, pero si hay zonas en las que se demanda más escuela concertada, que no se cierren y obliguen a las familias a dirigirse a la escuela pública".