La organización estaba dirigida por dos nigerianas que coordinaban una trama dedicada a captar a jóvenes desfavorecidas de las principales ciudades de Nigeria con falsas ofertas de trabajo en España y organizaba sus viajes hasta Europa, tanto por vía terrestre a través de Libia como en avión hasta Marruecos para entrar en la Península Ibérica de forma ilegal desde Ceuta.
Cuando llegaban a España se les reclamaba una deuda por el viaje que eran obligadas a pagar ejerciendo la prostitución callejera en Ibiza en jornadas de hasta 14 horas cuya recaudación entregaban íntegra a la organización que las explotaba, que las alojaba hacinadas en pisos donde eran retenidas.
A raíz de la pista surgida por sospechas de explotación sexual de nigerianas en un polígono industrial de Fuelabrada (Madrid), los investigadores tuvieron conocimiento de que dos mujeres dirigían una amplia red de trata y protegían su actividad con estrictas medidas de seguridad, trasladándose y moviendo a sus víctimas a Madrid y Castellón en invierno y a zonas turísticas de Ibiza en verano.
Las mujeres explotadas procedían de entornos sociales pobres de ciudades nigerianas y en su país habían sido sometidas a rituales de vudú que constituían para ellas un vínculo que si rompían podía derivar en su muerte o la de sus familiares. No obstante, los investigadores detectaron que algunas habían sido comprada a otras organizaciones criminales durante el trayecto desde Nigeria.
Para que su situación de residencia irregular no resultara un impedimento para circular libremente y ejercer la prostitución a diario, la organización inducía a las víctimas a solicitar protección internacional, lo que las dotaba de una documentación provisional.
Su principal zona de actuación eran las áreas turísticas de la ciudad de Ibiza, donde la trama controlaba en exclusiva dos plazas que llegaba a ceder a prostitutas fuera de su control a cambio de una compensación económica.
Las mujeres, que en España volvían a ser atemorizadas con nuevos ritos vudú, vivían en pisos de los que no tenían las llaves, que solo podían abandonar para ejercer la prostitución y comprar comida y a los que no podían regresar sin haber ganado el dinero que la organización les exigía a riesgo de sufrir palizas.
En uno de los registros en Ibiza, la Policía encontró que 17 mujeres vivían en un piso de 30 metros cuadrados y las 13 víctimas que habitaban el inmueble compartían en grupos de tres o cuatro camas de 90 centímetros de anchura.
Al sospechar que estaba siendo investigada, una de las dirigentes de la banda trató de ocultarse en un centro de refugiados de Alemania en el que pidió asilo con una identidad falsa, y otros cinco integrantes del grupo eran miembros de la Supreme Eiye Confraternity, una organización masculina nigeriana con presencia en Europa ligada con frecuencia a casos de trata para explotación sexual, secuestros y estafas.
La recaudación de la prostitución forzosa era trasladada con frecuencia por miembros de la organización de Ibiza a Madrid, desde donde se remitía a Nigeria. Para blanquear los ingresos los responsables disponían de un bar en Fuenlabrada que también era centro de reunión y lugar de explotación de mujeres.
En la operación han intervenido policías de Palma, Madrid, Valencia, Barcelona, Toledo, Ibiza, San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Tudela, así como agentes alemanes y franceses coordinados por Interpol.
Han sido detenidas 7 personas en Ibiza, 6 en Fuenlabrada (Madrid), 2 en Madrid y 1, respectivamente, en Parla (Madrid), Tolosa (Navarra), Badalona (Barcelona), Castellón, Quer (Guadalajara), Pamplona, Vitoria, Ponferrada (León) y Múnich. 13 de los detenidos han ingresado en prisión provisional sin fianza por orden judicial.
Se han bloqueado 20 cuentas bancarias y se han intervenido 55.000 euros en metálico en registros practicados en Fuenlabrada (3), Ibiza, Yuncos (Toledo) y Múnich.
