Lo hicieron con un documento adoptado al inicio de la cumbre que se celebra en la sede de Naciones Unidas, la primera de este tipo dedicada exclusivamente a la situación de los refugiados y los migrantes.
La llamada Declaración de Nueva York reitera muchos de los compromisos internacionales ya existentes, promete apoyo a los países más afectados por la crisis de los refugiados y sienta algunas de las bases sobre las que se negociarán en los próximos años sendos pactos globales sobre refugiados y migrantes.
Aunque Naciones Unidas defiende la importancia del texto, muchas organizaciones no gubernamentales lo han criticado duramente al considerar que le falta ambición y medidas concretas.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció en días previos que le habría gustado ir más allá, pero hoy defendió que con "acciones valientes" para implementar la declaración se asegurará que "no se deja atrás a ningún refugiado o migrante".
En el proceso de negociación, que se prolongó durante meses, algunos Estados miembros se resistieron a incluir algunas de las propuestas iniciales más específicas, como la de reasentar a un 10% de los refugiados del mundo, que actualmente se concentran sobre todo en países en vías de desarrollo.
En el texto final, de 22 páginas y que no es legalmente vinculante, los países prometen que protegerán "totalmente" los derechos humanos "de todos los refugiados y migrantes, sin importar su estatus", y que respetarán las normas internacionales vigentes en ese ámbito.
"Estamos decididos a salvar vidas. El desafío es, por encima de todo, moral y humanitario", señala el documento, que promete "combatir con todos los medios" los "abusos y la explotación" que sufren muchos migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad.
Los 193 Estados miembros reconocen además "una responsabilidad compartida" para "gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes de forma humana, sensible, compasiva y centrada en la gente" y se comprometen a abordar las "raíces" de estos desplazamientos masivos de población.
Además, condenan los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y xenofobia contra refugiados y migrantes y los estereotipos que a menudo se les asignan.
En ese sentido, los líderes prometen tomar "una serie de pasos para contrarrestar esas actitudes y comportamientos, en particular crímenes y discursos de odio y violencia racial", aunque no los precisan.
La declaración incluye tres capítulos de compromisos, uno que afecta tanto a refugiados como a migrantes y otros dos que son específicos para cada uno de los grupos.
En el primero, los países se comprometen a intensificar su cooperación en la gestión de fronteras, a tomar medidas para identificar a los recién llegados y determinar las causas de su desplazamiento y a tratar de evitar las detenciones mientras se resuelve su estatus.
Los gobiernos señalan también que, en el caso de los niños, la detención se utilizará "únicamente como medida de último recurso" y se trabajará para poner fin a esa práctica.
En el caso específico de los refugiados, la declaración reconoce la "carga" que imponen los grandes desplazamientos a algunos países y defiende la necesidad de que ésta se reparta "más equitativamente".
Al mismo tiempo, reafirma todos los derechos con los que ya cuentan los refugiados y pide que su instalación en campamentos sea una "excepción".
Además, en un anexo, el texto recoge algunas de las bases a tener en cuenta en la negociación de un nuevo pacto sobre los refugiados, que debe incluir compromisos más explícitos y que se pretende adoptar en 2018.
Ese mismo año la comunidad internacional quiere aprobar otro pacto sobre migrantes, sobre el que también se incluyen algunas sugerencias en la declaración.
