El Ministerio del Interior a cuyo mando se sitúa Fernando Grande-Marlaska otorga a los guardias civiles un plazo de un año para que borren por completo los tatuajes visibles situados en la cabeza, el cuello o las manos, independientemente del motivo o expresión que reflejen. Tampoco podrán acceder al cuerpo quienes porten tatuajes en dichas zonas y no accedan a eliminarlos.
Así figura en la última versión del Real Decreto que regula la nueva uniformidad de la Benemérita y que, además, exige el control de "la longitud, color y peinado del cabello, la longitud y color de las uñas, el afeitado o el uso de barba, bigote, perilla y patillas y el uso de maquillaje, y otros complementos y accesorios de imagen", según consta en el texto.
Normativa relativa al resto de tatuajes
El último borrador de la norma que regula el uso del uniforme en la Guardia Civil sí permite los tatuajes visibles o parcialmente visibles en otras zonas corporales como los brazos y las piernas, siempre que no reflejen los motivos expresamente prohibidos.
Se prohíben los tatuajes, ya sean temporales o permanentes, que incluyan imágenes o expresiones contrarias a los valores constitucionales, comprometedoras para la obligada neutralidad política o sindical, deshonrosas con la imagen de la Guardia Civil, obscenas o discriminatorias de tipo sexual, racial, étnico o religioso, así como incitadoras al odio; del mismo modo que se prohiben tatuajes que incluyan contenidos prohibidos por la ley.
Críticas de la AUGC
Aunque esta nueva norma jurídica aún no es definitiva porque tiene que ser aprobada por el Consejo de Estado -el órgano consultivo del Gobierno que emitirá el dictamen correspondiente-, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya anuncia su pretensión de llevarlo a los tribunales si el Consejo de Ministros aprueba definitivamente este decreto.
En la AUGC consideran que la exigencia de eliminar los tatuajes incluso podría acabar en el Tribunal Constitucional debido a que afecta a derechos fundamentales como el de la propia imagen y la integridad personal que, según comunican, podría quedar afectada por los tratamientos láser de borrado de tatuajes.
"Esta norma es una total involución que vuelve a llevar a los guardias civiles a siglos pasados", opinan desde la AUGC tras apuntar que "el ministro del Interior continúa con su política de inmovilismo y de ataque a los derechos y libertades públicas de los guardias civiles donde, una vez más, nos encontramos con un ministro incapaz de atender los principales problemas que afectan a los agentes en cuanto a la conciliación laboral, reparto justo de la productividad, cumplimiento integro del acuerdo de equiparación salarial y medios materiales para desarrollar su trabajo".
Asimismo, los agentes de la Benemérita denuncian que multitud de compañeros han tenido que tatuarse para infiltrarse, por ejemplo, durante sus trabajos en la lucha contra el narcotráfico o contra ETA. El hecho de que ahora se les exija revocar los tatuajes, además de implicar ciertos riesgos para la salud, dicen, es costoso.
Una norma polémica
La aprobación de este reglamento lleva años postergándose. Ya en septiembre de 2018, Marlaska optó por retirar el texto que prohibía a los guardias civiles llevar tatuajes visibles, obligándoles a cubrirlos o eliminarlos en el plazo de tres meses. Este borrador suscitó una enorme polémica entre las distintas asociaciones relacionadas con la Guardia Civil y el ministro aplazó el asunto en pos de hallar consenso.
Marlaska tiene un tatuaje tribal en el brazo derecho
El propio Ministro del Interior, Fernando Grande - Marlaska tiene un tatuaje en su brazo derecho. En un acto de apoyo al pueblo gitano, se pudo apreciar que tiene un tribal, precisamente, en una de las zonas que con la nueva normativa, los guardias civiles tendrán que borrarse.
