El informe subraya la necesidad de una intervención urgente sobre el grupo de los expulsados, que dentro de esos excluidos suman 1,8 millones de personas (el triple que en 2007). Los datos de Foessa subrayan también que a esas penalidades pueden llegar otras muchas personas, pues dentro de la sociedad integrada hay una bolsa de ciudadanos que en el documento llaman la sociedad insegura.
Serían unos seis millones de personas, una ciudadanía en el filo de la navaja y en la antesala de la exclusión, mientras otra buena parte de la sociedad integrada está mostrando fatiga de solidaridad. Este informe está basado en 11.600 encuestas familiares realizadas por Foessa en todas las comunidades autónomas españolas y analizadas por 130 investigadores de más de 30 universidades españolas y 13 organizaciones de acción e investigación, y se publica cada cinco años. El anterior informe se publicó en 2014.
