"Uno de los problemas que se identificó fue la posibilidad de extender a las restantes confesiones con notorio arraigo, la posibilidad de que sus fieles marcaran la casilla del 0,7%", ha explicado el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Javier Herrera García-Canturri, en una entrevista concedida a Europa Press.
En concreto, este asunto se determinó en uno de los grupos de trabajo que se constituyeron en el Ministerio de Justicia cuando se estaba agotando la legislatura completa anterior, hace más de un año, con el fin de identificar los problemas a abordar en la siguiente legislatura, independientemente de quién gobernara.
Herrera ha afirmado que existió "mucho consenso" sobre la posibilidad de que los fieles de esas otras religiones destinen el 0,7% de sus impuestos a su confesión, al igual que vienen haciéndolo los católicos desde el año 2007. Precisamente, ha asegurado que la Iglesia católica no puso ningún inconveniente sino todo lo contrario.
En todo caso, aunque es competencia del Ministerio de Justicia "plantear e impulsar" esta propuesta, la responsabilidad y la decisión de implantarla dependerá del Ministerio de Hacienda, con el que Herrera ya abordó tentativamente este tema. "Hemos tardado mucho tiempo en dejar de estar en funciones pero ese es un tema a abordar, que está sobre la mesa", ha afirmado.
Por otro lado, la Dirección General de Cooperación Jurídica y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, junto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Ministerio del Interior, y la Universidad Rey Juan Carlos se han presentado a un concurso de ayudas convocado por la Comisión Europea con un proyecto contra la radicalización islamista en las cárceles.
"Es un tema que preocupa muchísimo, sabemos que muchas de las radicalizaciones que se están produciendo hoy en día en Europa lo son en el ámbito penitenciario", ha explicado Herrera. También ha indicado que preocupa en el ámbito académico. Por este motivo, se han presentado al concurso de ayudas europeas con un proyecto "muy interesante, muy potente".
Asimismo, para este nuevo año se ha planteado incluir una casilla en las solicitudes para las oposiciones a través de la cual los estudiantes puedan manifestar la inconveniencia de realizar el examen en un día determinado por motivos religiosos.
El problema radica, según ha explicado Herrera, en el hecho de que la mayoría de las pruebas de oposiciones se convocan en sábado, que es el día sagrado para los judíos. Con esta casilla, los tribunales podrán saber de antemano cuántos opositores se encuentran con este problema y así determinar la solución.
En el caso del año 2017, cuando se han contabilizado tres o cuatro opositores judíos, el examen seguirá celebrándose el sábado pero estas personas deberán permanecer durante todo el día en un aula cerrada con miembros del tribunal hasta la hora en que el Instituto Nacional de Meteorología determine que es el ocaso, momento en que termina el 'sabbat' y en el cual podrán comenzar a examinarse.
En cuanto a la petición planteada por el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, de adelantar la hora de los exámenes de Selectividad al coincidir con el Ramadán o Mes del Ayuno, Rossell ha indicado que las consejerías de educación que se veían afectadas se han comprometido a estudiarlo.
Esta "sensibilización" en cuanto a la pluralidad religiosa también se ha extendido a las empresas, según ha indicado el subdirector de Relaciones con las Confesiones, Jaime Rossell. Así, ha explicado que "cada vez va siendo más común que haya empresarios que hacen coincidir al empleado su mes de vacaciones, por ejemplo, con el Ramadán" o que le permiten librar en una festividad de su religión, como la fiesta del Sacrificio, a cambio de trabajar el día de Navidad.
En este sentido, Herrera ha afirmado que se está "contemplando" la petición de los musulmanes de España de incluir alguna de sus festividades religiosas, como la de Ruptura del Ayuno, en el calendario laboral de 2018 --en el de 2017, es festivo en Ceuta y Melilla el día de la fiesta del Sacrificio--. No obstante, ha precisado que es "complicado" porque el número total de fiestas no se puede modificar y si se quiere introducir otra, tendría que ser en sustitución de una fiesta cristiana o civil.
Sobre las relaciones del Estado con la Iglesia católica, Herrera ha aclarado que "la posibilidad de modificar los acuerdos (entre el Estado y la Santa Sede) no es un tema que en absoluto esté sobre la mesa". Por ello, ha indicado que la Iglesia no tiene por qué estar preocupada ante las propuestas de algunas formaciones de derogarlos, unos planteamientos que, a juicio de Herrera, se escuchan más en campaña electoral que fuera. "No hay ningún motivo, ninguna necesidad y ninguna voluntad", ha añadido.
En lo que se refiere a la confesión católica, el Ministerio de Justicia también se ha comprometido a acompañarla en sus gestiones con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para articular una fórmula en la Ley para que los misioneros que retornan a España estén cubiertos por la Seguridad Social.
Por otro lado, en este 2016 que ha terminado se ha cumplido el primer año desde la entrada en vigor de la Ley para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes y Herrera admite que son "pocos" los que han obtenido la nacionalidad por esta nueva normativa. Si bien, recuerda que prácticamente acaba de echar a andar.
Además, ante algunas peticiones de los judíos españoles en relación a los requisitos que establece la ley como la necesidad de comparecer ante notario en España o el examen, el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones ha adelantado que "cabría la posibilidad de introducir modificaciones" si al final del periodo de vigencia de la norma "se ve que los requisitos que se establecieron, realmente han supuesto un obstáculo insalvable" para algunos sefardíes.
Asimismo, ha adelantado que ya se puede "dar por hecho" que el plazo para solicitar la nacionalidad se prorrogará un año más, una posibilidad que contempla la ley.
Herrera ha reconocido que el año 2016, "un poco extraño" por estar el Gobierno en funciones, ha sido de "consolidación" de las reformas realizadas en la anterior legislatura. También considera que ha sido "rico" en libertad religiosa aunque admite que "la gestión de la libertad religiosa es siempre una labor inacabada". Sobre los problemas que hayan podido surgir con las confesiones, los ha achacado "en gran medida" al "desconocimiento de ayuntamientos y comunidades autónomas".
Por ello, ha anunciado que antes de que finalice el mes de febrero de 2017 convocarán la primera reunión al completo del Comité Asesor de CCAA, un órgano que ya estaba constituido pero que hasta ahora solo contaba con representantes de menos de la mitad de las CCAA. En la plenaria de este Comité, informarán a los representantes de estas y de la Federación de Municipios y Provincias sobre cómo abordar las problemáticas con las que se pueden encontrar, por ejemplo, el hiyab en el colegio, los enterramientos u otros.