Lo han explicado este martes en rueda de prensa las voceras de la Comisión 8 de Marzo, la plataforma a través de la que se viene fraguando en España esta movilización que tiene reflejo en 177 países y en la que se han implicado todas las organizaciones de mujeres del territorio nacional con el respaldo de más de 300 entidades que no siendo parte de la convocatoria, se han adherido para darle más fuerza y visibilidad.
Entre estas organizaciones hay dos partidos políticos nacionales, Podemos e Izquierda Unida, que expresamente han manifestado su apoyo a la convocatoria. El PSOE no se ha significado, el PP tampoco y Ciudadanos ha criticado la iniciativa por considerar que está cargada de ideología.
Preguntada por este asunto, la feminista Justa Montero pide a la formación naranja "que no haga trampas". "Nosotras hacemos propuestas muy concretas, como en educación afectivo sexual o en la necesidad de ratificar el convenio de la OIT sobre empleadas del hogar. La posición de Ciudadanos nos hace preguntarnos cuál es el problema que tienen con estas propuestas, ya que lo rechazan porque dicen que es una huelga ideológica. Que hablen de su ideología", ha señalado.
Se refiere a que el partido que encabeza Albert Rivera "apoya las políticas públicas liberales que están llevando a la precariedad y a brutales recortes" cuyas consecuencias pesan directamente sobre las mujeres, como en servicios sociales, educación y dependencia, pues tienen que asumir lo que no cubre la esfera pública. Plantea "desde dónde se sitúan" en Ciudadanos para elevar la crítica que hacen de la protesta.
Montero ha explicado que "esta huelga no es solamente laboral y no responde al concepto clásico". "Si a las mujeres se nos pregunta por parar de trabajar, no nos viene sólo a la cabeza la oficina, sino todo lo que hacemos, como en los cuidados. Si lo que queremos hacer es dar visibilidad a las mujeres, es importante que se vea qué sucede si paramos", ha señalado la feminista.
El objetivo es conseguir un impacto similar al de la huelga que tuvo lugar en Islandia en 1975, cuando el 90% de la población femenina se sumó a la movilización consiguiendo parar el país y desencadenar toda una serie de reformas legislativas pero también sociales que han ido derivando en cambios como una ley de igualdad de oportunidades o, la más reciente, una prohibición expresa de la brecha salarial.