Verónica, de 30 años y madre de dos niños, trabajaba en una empresa de automoción con unos 2.500 empleados, la mayoría de los cuales habría recibido la grabación, según creen sus compañeros. El vídeo que grabó hace cinco años, antes de su matrimonio, llegó incluso hasta el marido de la víctima, que sufrió una crisis de ansiedad al enterarse. Apenas un día después se quitó la vida.
El Código Penal establece la difusión de un vídeo íntimo, aun cuando se haya grabado con el consentimiento de la persona,es un delito que puede llevar aparejada pena de cárcel.
La Policía Nacional investiga quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual que, tras ser difundido entre numerosos empleados de una empresa de San Fernando de Henares, llevó a la mujer que aparece en las imágenes a suicidarse, ya que todos pueden incurrir en delito.
Además, El sindicato CCOO ha anunciado que denunciará a IVECO Madrid ante Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual en este caso, ya que el sindicato considera un accidente laboral.