Un centenar de personas se han concentrado ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba para mostrar su apoyo a la víctima de abusos sexuales en Pozoblanco por parte de cuatro miembros de La Manada.
La concentración, convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha comenzado a las 9:00 horas en el segundo día del juicio contra cuatro miembros de La Manada, una jornada en la que declara la víctima a puerta cerrada.
Los concentrados han mostrado su apoyo a la joven con lemas como "No es abuso, es violación", "Si nos tocas a una, Nos tocas a todas" o "Basta ya de justicia patriarcal", mientras que han increpado al abogado defensor de los acusados, Agustín Martínez Becerra, al
llegar a la sede judicial.
Martínez Becerra ha dicho a los periodistas que no ve lógico que un grupo de feministas se estén manifestando a las puertas de la Ciudad de la Justicia con la intención de "presionar" al juez "para que la resolución sea la que estiman sin conocer el procedimiento".
Aunque ha reconocido que es "legítimo" que "todo el mundo" muestre su apoyo a la víctima, ha insistido en que "lo que no me parece tan lógico es que la gente se manifieste frente a un tribunal para presionar".
Este lunes los cuatro acusados, Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, se acogieron a su derecho a no declarar y está previsto que el quinto miembro de La Manada, Ángel Boza, que no está imputado en esta
causa, declare como testigo mediante videoconferencia.
También está prevista la declaración de los agentes forales de Navarra que iniciaron la investigación del caso al detectar en uno de los móviles de los acusados el vídeo que mostraba los abusos a la víctima de Pozoblanco.
El abogado de la defensa ha restado trascendencia a las manifestaciones que los policías citados puedan hacer en relación con su petición de nulidad del procedimiento por el modo en el que se obtuvo la prueba que dio lugar a la investigación, un vídeo en el teléfono de uno de los integrantes de La Manada.
Ayer defendió que la Policía Foral de Navarra carecía de autorización judicial para escrutar el dispositivo más allá de los hechos ocurridos en Pamplona los días 6 y 7 de julio de 2016, por los que los cuatro acusados en este procedimiento y el quinto integrante del grupo cumplen nueve años de prisión cada uno.
El fiscal pide tres años de prisión para cada uno de los cuatro acusados al considerarlos autores de un delito de abusos sexuales, así como otros cuatro años como supuestos autores de un delito contra la intimidad.