Sólo el 20,8% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, con una cuantía media mensual de 171 euros o 491 euros por hogar, mientras que el 80% se queda fuera de las ayudas. Faltan 550.000 personas por incorporar al Ingreso Mínimo Vital para lograr el objetivo de los 2,3 millones que se marcó el Gobierno.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales afea la impericia del Gobierno en la gestión de la llamada “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital.
Ingreso mínimo, pero no vital
Las comunidades autónomas con más vulnerables desprotegidos son Baleares, Canarias y Cataluña, mientras que los territorios con más población cubierta por el IMV son Ceuta, Melilla y La Rioja. “Ingreso mínimo, pero no vital”, lamenta el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que pone el foco en las 3 de cada 4 solicitudes que siguen siendo denegadas, entre otras cosas por el laberinto burocrático que supone.
Denuncia José Manuel Ramírez que el ministerio de José Luis Escrivá dejó sin ejecutar el año pasado 453 millones que volvieron a las arcas del Estado, y que “habrían servido para sacar de la pobreza severa a 250.000 personas”. Y recuerda que la ayuda ha llegado a un total de 1.752.467 personas.
Los directores y gerentes de servicios sociales califican de “estrepitoso el fracaso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la gestión de esta prestación”.
