Las "desafortunadas consecuencias" de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí, podrían haberse evitado si se hubiese prestado más atención a las consideraciones de "voces interesadas" como los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) u organizaciones de la sociedad civil.
Esta es la conclusión que la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres ha expresado en un comunicado. Según afirma Reem Alsalem, la reducción de penas a agresores sexuales se podrían haber evitado "dando más tiempo a las consultas del proyecto de ley en lugar de apresurarse a aprobarlo".
La ley estrella del Ministerio de Igualdad ha permitido la reducción de penas de 943 de los 4.000 perpetradores de violencia sexual que cumplían prisión. Alsalem considera esto como un "efecto involuntario" de la norma que "envía un mensaje erróneo sobre las prioridades del Estado a la hora de acabar con la violencia y luchar contra la impunidad de tales delitos".
No obstante, la relatora aclara que la ley incluía importantes medidas, como el reconocimiento de los derechos de las victimas o las garantías de reparación, pero que estos avances se han visto "eclipsados" por las graves "consecuencias negativas".
"Aunque no se puede dar marcha atrás, ahora es crucial que el Gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garanticen su protección", destacó .
La relatora apuntó en el comunicado que la ley fue revisada el 27 de abril para restablecer los niveles de castigo que existían en el Código Penal antes de su aprobación, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió disculpas públicamente a las víctimas por el impacto involuntario de la nueva legislación.
Es fundamental que el Gobierno español garantice la protección de las víctimas
Alsalem también manifestó su preocupación por que la ley no haya ido acompañada de recursos para garantizar su correcta aplicación, recordando que una gran parte de las víctimas de violencia sexual en España no reciben ninguna compensación.
La relatora, que este año también manifestó en declaraciones a la prensa española sus dudas sobre la llamada "ley trans", afirmó por otro lado que el uso del no consentimiento como carga de la prueba en la ley del sólo sí es sí "pierde sentido en muchas situaciones".
"Puede llevar a que la carga de la prueba recaiga en las víctimas y no en los agresores" en casos como la trata de mujeres con fines de explotación y abuso, prostitución o pornografía, afirmó.
La experta también recomendó que la ley incluya una descripción más clara de la palabra "género", más acorde con el estándar internacional de derechos humanos, y una mejor distinción en la ley entre los términos "sexo" y "género".
