Hace poco más de un año, entre 1.500 y 2.000 personas trataron de atravesar la frontera entre Marruecos y España para llegar a Europa, desde el Barrio Chino del país magrebí. La intervención de las fuerzas fronterizas marroquíes y las españolas, que se movilizaron ante la llegada de los migrantes, se saldó con 37 muertes y más de 200 heridos, en lo que muchos medios de comunicación denominaron como "Tragedia de Melilla".
El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU se ha pronunciado acerca de los sucesos del 24 de junio de 2022, en su informe acerca del cumplimientos de los diferentes tratados contra la tortura ratificados por nuestro país, y considera insuficiente la investigación de los hechos que se ha realizado hasta ahora.
El organismo internacional urge al estado español "a investigar de manera pronta e imparcial cualquier posible responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad durante la actuación policial", y los diez miembros que conforman el Comité solicitan además que se tomen "todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro una situación similar".
Las actuación de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, compareció en dos ocasiones acerca de lo sucedido, en junio y en septiembre del año pasado. El titular de Interior lamentó la pérdida de vidas humanas y pidió empatía hacia los agentes de la frontera españoles y marroquíes, que afirmó que fueron "violentamente atacados" por las personas que trataron de cruzar al otro lado. El Ministerio no impulsó destituciones ni abrió expedientes, aunque sí se dieron varios cambios en la Guardia Fronteriza melillense, tal y como informa el diario Público.
El Defensor del Pueblo y la Fiscalía iniciaron investigaciones para esclarecer lo sucedido y, sobre todo, para determinar si hubo muertos en el lado español de la frontera y sí se procedió legalmente durante la crisis. La Comisión del Congreso que impulsaron Unidas Podemos y otras formaciones para investigar los hechos fue bloqueada, sin embargo, por PSOE, PP, VOX y Ciudadanos.
La ONU, insatisfecha con la investigación
El Defensor del Pueblo y la Fiscalía archivaron sendas investigaciones en diciembre de 2022 y en marzo sin haberse hallado indicio de delito; sin embargo, el comité de la ONU parece no estar satisfecho con estas indagaciones. Interior hizo entrega a
la Fiscalía de toda la documentación y grabaciones requeridas, salvo un metraje de 20 minutos con imágenes de hechos registrados entre las siete y las once de la mañana.
El ministro, por otro lado, cifró en 103 las "devoluciones en caliente" realizadas en la jornada, mientras que el Defensor del Pueblo las elevó hasta las 370.
La ONG Amnistía Internacional se ha mostrado altamente crítica con lo sucedido, y ha dirigido sus reproches tanto a las autoridades del país africano como a las españolas. Tal y como sostiene Amnistía Internacional, que recoge en su página web numerosos testimonios al respecto, los guardias de fronteras de Melilla habrían hecho un uso desproporcionado de porras, balas de goma y gas lacrimógeno, y habrían retenido hasta dos horas a los migrantes una vez desmovilizado el avance en la frontera.
"Las declaraciones del presidente del CAT vuelven a señalar a las devoluciones en caliente como una actuación fuera de la legalidad internacional y los derechos humanos. Confiamos en que esta nueva advertencia sirva para poner fin a esta práctica en la próxima legislatura", ha señalado Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional.
