La jueza Inmaculada Iglesias ha aplazado la declaración de Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investiguen cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento, han informado fuentes jurídicas.
El empresario tenía previsto comparecer esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.
Las acusaciones han pedido aplazar la declaración
Las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Más Madrid han solicitado al juez volver a aplazar la declaración de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al creer que hay indicios de que pudiera haber cometido más delitos.
Lo han hecho en un escrito conjunto presentado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, poco antes de que tanto el empresario Alberto González Amador como los otros cuatro investigados estuvieran citados a declarar ante la jueza, a partir de las 10:00 horas en Plaza Castilla.
Según ha adelantado eldiario.es y han confirmado fuentes jurídicas, las acusaciones populares han solicitado el aplazamiento alegando que hay indicios de que pudieron haber cometido más delitos y que por tanto se requiere más tiempo de investigación.
Además de dos presuntos delitos de fraude fiscal por defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 y otro de falsedad documental, el PSOE y Más Madrid han pedido que la causa se amplíe a otros delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y contables, de los que han apreciado indicios.
Según ha argumentado la secretaria de organización del PSOE de Madrid, Marta Bernardo, el volumen de los archivos de la causa, que les fueron entregados el pasado 12 de junio, han hecho imposible que pudieran analizarlos al completo.
Ha añadido que su equipo jurídico ha apreciado la existencia de indicios para poder considerar, al menos, la comisión del tipo agravado de los delitos contra la hacienda pública "por la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos".
También consideran que los delitos de fraude fiscal y falsedad documental presuntamente cometidos por González Amador y los otros cuatro investigados podrían afectar a más elementos contables de los señalados inicialmente, por lo que la cantidad defraudada y los responsables de los hechos podrían variar.
Los investigados fueron citados en el Juzgado el pasado 20 de mayo, vista que se suspendió ante la dificultad para tomar declaración a alguno de ellos.
La investigación
La investigación se remonta al pasado 5 de marzo, cuando la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados contra Alberto González Amador y otros cuatro empresarios al detectar unos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Díaz Ayuso -que vio en esta causa una campaña en su contra-, por su enriquecimiento durante la pandemia. Un juzgado la admitió a trámite unas semanas después.
El 2 de febrero, el letrado envío a la Fiscalía un documento de ocho páginas titulado "propuesta de conformidad penal" en el que comunicaba que la pareja de Díaz Ayuso aceptaba "íntegramente" la comisión de dos delitos y proponía una pena de ocho meses de prisión y abonar unos 525.000 euros.
El novio de Ayuso estaba citado este lunes a declarar
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, estaba citada este lunes para declarar en los juzgados de Plaza de Castilla como investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid había citado también al resto de investigados después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados en la causa.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros".
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
Querella contra el fiscal de Madrid
La pareja de Ayuso declarará mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena tramita la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.
Investigación de la Agencia Tributaria
En cuanto a la causa relativa a la pareja de Ayuso, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
Apertura de diligencias
A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.
En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".
