La Audiencia de Barcelona juzgará a Dani Alves, acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022 entre el lunes y el miércoles de la semana próxima. El exfutbolista se enfrenta a una condena de nueve años de cárcel y el pago de una indemnización de 150.000 euros.
De cara a la sesión, la Fiscalía ha hecho una petición a la que se han unido la defensa y la acusación particular. Consideran de vital importancia que el juicio se celebre íntegramente a puerta cerrada con el fin de preservar la intimidad de la víctima. La defensa considera que la exposición mediática ha contaminado el caso desde el principio por lo que no se oponen a la medida.
En su petición, el ministerio público mantiene que el juicio a puerta cerrada es una medida "indispensable" para proteger el derecho a la intimidad de la víctima, así como el "respeto" a la misma, que pretende evitarle los "graves perjuicios" que pudiera causarle un proceso en el que se permita la entrada al público y a los medios.
Los casos de juicios a puerta cerrada son contados en la Audiencia de Barcelona, que solo suele acordar esa medida excepcional -contra le principio básico de publicidad de los juicios- cuando las víctimas son menores de edad o vulnerables.
En la mayoría de casos, las víctimas de delitos de violencia sexual suelen declarar con una protección especial que evite su confrontación visual con el acusado -mediante una mampara o desde otra sala, conectada por videoconferencia con la del tribunal- y ocasionalmente los jueces pueden acordar que el interrogatorio del denunciante se haga a puerta cerrada.
Y esta solicitud llega unas semanas después de que Lucía Alves, madre del acusado, publicara unas imágenes de la víctima de 23 años en las que revelaba su identidad y la mostraba disfrutando de momentos de fiesta para terminar insinuando que lo que busca es dinero. A raíz de esa publicación, la Fiscalía ya anunció que tomaría las medidas necesarias para proteger la imagen de la víctima en el juicio contra Alves.
