Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso EFE, la dueña del inmueble había denunciado a su inquilina por causar daños en el domicilio y le reclamaba el pago de varias cantidades que tenía pendientes de abono, motivo por el que el 14 de noviembre de 2011 había presentado una demanda de desahucio contra la acusada.
El texto precisa que unos días después de este hecho, sobre las 19.30 horas del 17 de noviembre, la inculpada, que será juzgada próximamente en la Audiencia de Gipuzkoa, supuestamente "vertió alcohol en el suelo del salón u otro líquido inflamable que no ha podido ser determinado y, seguidamente, le prendió fuego" con la presunta intención de incendiar el piso "de forma deliberada". "Tras ello -prosigue el escrito-, abandonó con rapidez el domicilio y se alejó del inmueble sin alertar en forma alguna del incendio que había provocado".
El documento aclara que "el fuego se propagó con rapidez por los enseres, paredes y techo de la vivienda y se extendió al resto del edificio, cuya estructura era de madera, con el consiguiente peligro para la integridad de los demás moradores, algunos de los cuales se encontraban en sus domicilios y tuvieron que ser desalojados por agentes de la autoridad", aunque no consta que ninguno de ellos "sufriera lesiones".
Según informó en su día el departamento vasco de Seguridad, las llamas llegaron a extenderse al tejado del edificio y fue necesario desplazar al lugar a varias dotaciones de los bomberos y patrullas de la Ertzaintza, quienes ayudaron a los vecinos de los pisos más altos a abandonar sus domicilios.
Los bomberos, que lograron sofocar finalmente el incendio a las 00.30 horas del 18 de noviembre, trabajaron en la cubierta del inmueble para evitar que el incendio se propagara al portal contiguo al edificio afectado. La Fiscalía concreta en su escrito que, a causa del incendio, la vivienda en la que se originó el fuego "quedó totalmente calcinada", mientras que otras viviendas del bloque sufrieron "importantes desperfectos" tanto debido al fuego y al humo como a las tareas de extinción.
Por estos motivos, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio por el que reclama seis años de cárcel para la procesada y le obliga a indemnizar con 72.617 euros a las compañías aseguradoras, así como a la comunidad de propietarios del inmueble con la cantidad que eventualmente se determine en el trámite de ejecución de la sentencia.