Este médico será juzgado a partir de mañana por un jurado popular en Valencia, acusado de los delitos continuados de falsedad documental y estafa, en un proceso en el que la Generalitat reclamará la devolución de 4.540,86 euros. Según el escrito de calificación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, el servicio de Neumología del citado hospital realizaba el seguimiento clínico del tío del acusado, diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa con insuficiencia respiratoria crónica, motivo por el cual se encontraba en tratamiento domiciliario con oxígeno.
Desde octubre de 2009 y prevaliéndose de su cargo y de su amistad con el jefe del servicio de farmacia, el acusado se puso en contacto con él para comentarle los problemas de su tío, sin mostrarle su historia clínica, le dijo que su tío padecía hipertensión pulmonar y le habló sobe la conveniencia de administrarle el medicamento Revatio, siempre según el relato del fiscal. Este medicamento fue prescrito por el responsable de farmacia del centro sanitario y retirado mensualmente por el acusado, que obtuvo nueve cajas hasta el fallecimiento de su tío en septiembre de 2010.
A partir de este momento, el médico procesado ocultó el fallecimiento al jefe de farmacia para seguir obteniendo este medicamento y pudo retirar cinco cajas más hasta que las irregularidades fueron detectadas por el personal de farmacia del Clínico, que denunció los hechos a la Conselleria de Sanidad. El fiscal expone que el medicamento Revatio, cuyo principio activo es Sildefanilo (el mismo que Viagra), está indicado en el tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar, aunque especialmente contraindicado con la administración de parches de nitroglicerina, tratamiento que recibía el fallecido, ya que puede dar lugar a hipertensiones graves.
Ni en la historia clínica del tío fallecido, ni en la del padre, a quien el acusado dice que administraba Revatio, hay constancia de problemas de hipertensión pulmonar. El precio de cada caja de Revatio se sitúa entre los 490 y los 511 euros, según el escrito de acusación de Fiscalía, y la Generalitat reclama 4.540,56 euros.