El Gobierno de Portugal ha puesto en marcha un plan de choque para hacer frente a la crisis de vivienda por la que atraviesa el país. Entre las medidas más"revolucionarias" se incluye eliminar el régimen de Golden Visa que concede la residencia a cambio de inversiones y prohibir las nuevas licencias para pisos turísticos, excepto los rurales en municipios de zonas despobladas del país.
Esta propuesta del Gobierno luso tiene como eje principal "combatir la especulación inmobiliaria", aseguró el primer ministro, António Costa.
Así, Portugal ya no concederá más "Vistos Gold", como se conoce a estos visados para inversores que desde 2012 se atribuían a cambio de compra de inmuebles, grandes inversiones o creación de puestos de trabajo. Y en cuanto a los visados ya concedidos, sólo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o sus descendientes o si la casa se coloca en el mercado de alquiler "de forma duradera".
Desde que el programa nació en octubre de 2012, Portugal ha concedido 11.535 autorizaciones de residencia con los llamados "vistos gold", que han supuesto una inversión de 6.754 millones de euros para la economía lusa.
Limitar los pisos turísticos
Otra de las medidas estrella aprobadas el pasado jueves tiene como objetivo limitar la oferta de pisos turísticos en régimen del llamado "alojamiento local" -como AirBnb o hostels-, para aumentar la oferta de vivienda en alquiler.
El Ejecutivo prohibirá la concesión de nuevas licencias, a excepción de alojamientos rurales en municipios del interior donde "no hay presión urbanística" y "puedan ser un factor importante para la dinamización económica", explicó el primer ministro.
Las licencias ya concedidas se revisarán en 2030 y, a partir de entonces, se someterán a evaluaciones periódicas cada cinco años. Asimismo, los propietarios de estos alojamientos tendrán que pagar una tasa extraordinaria que irá dirigida a financiar políticas de vivienda y también habrá beneficios fiscales para quien, hasta 2024, pase su piso turístico al mercado de alquiler de vivienda.
Costa reconoció que el alojamiento local "tuvo un fuerte poder de dinamización de las ciudades, de creación de empleo", pero restó valor al impacto que puede tener la medida en el sector del turismo, uno de los motores económicos del país.
"No podemos matar la gallina de los huevos de oro", dijo, y defendió que el turismo no llegará por convertir las ciudades en una "especie de Disneyland" sino por ofrecer una "experiencia única".
El alquiler en España
En España, la situación en materia de vivienda se asemeja bastante a la de nuestro país vecino. Los inversores extranjeros acaparan las viviendas del centro de las grandes ciudades, mientras los jóvenes no pueden optar a un piso entero y se ven obligados a alquilar habitaciones a precios desorbitados.
En concreto, la demanda de habitaciones se ha disparado hasta en un 40 % en ciudades como Madrid y Barcelona. Según datos de la plataforma especializadas en alquileres de media y larga duración Spothome, la demanda de este producto habitacional crece sin parar desde el tercer trimestre de 2022 y ha recuperado ya el nivel que tenía en 2019, antes de la pandemia.
El coronavirus vació las residencias estudiantiles y los pisos ocupados por profesionales extranjeros, colectivos que han regresado y se ha encontrado con que muchos pequeños propietarios han optado por este mercado para no verse afectados por las restricciones del mercado del alquiler convencional, en especial en Cataluña.
600 euros por alquilar una habitación en Barcelona
En cuanto al precio de alquilar una habitación, Spothome señala que en Barcelona es de 603 euros/mes -suele incluir las facturas de los suministros-, una cantidad que es la más alta de España, mientras que en Madrid es de 558 euros y en Palma de Mallorca llega a 516 euros.
La plataforma asegura que alquilar una habitación en pisos compartidos, en los que el baño se comparte con otra persona, es un 60 % más barato que optar por un piso completo.
La escasez de vivienda completa en alquiler condiciona también en gran medida la oferta disponible en el centro de las ciudades, señala el profesor de economía Gonzalo Bernardos Bernardos, que concluye que "no hay vivienda de alquiler" y la que hay es "carísima" en Barcelona y Madrid.
"Incluso en el extrarradio la oferta es pequeña. En Móstoles o Leganés se están pidiendo 800 y 850 euros al mes. El único mercado al que la gente puede acudir en estas circunstancias es al de las habitaciones de alquiler", afirma.
