Un juez de Arévalo (Ávila) condenó a un hombre a pagar más dinero a su esposa, además de reducir los días que el hombre podía visitar a la hija de ambos. Ante la decisión, el condenado decidió contratar a un investigador privado que probó que el juez mantenía una relación con su expareja.
Después de la denuncia se elevó una propuesta de sanción de dos años que finalmente se ha quedado en un año y medio.
El magistrado tiene ahora posibilidad de recurrir, e incluso de elevar su recurso al Tribunal Supremo. Aunque si la resolución es firme, tendrá que abandonar su puesto y perderá su destino.