La prescripción amenaza con derrumbar el resto de casos de los bebés robados

Como muchas víctimas temían, hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha demostrado -a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo- que el paso del tiempo es un verdadero problema en el drama que sacudió en torno a 300.000 personas entre los años 50 y 90 en este país, según datos de las asociaciones.

Frente al reconocimiento por parte de un tribunal de que en España se robaron bebés, lo que supone una victoria en el relato, pesa la losa de la prescripción, es decir, la falta de reparación al daño causado.

Vela, de 85 años y único acusado, no ha podido ser condenado porque los delitos prescribieron hace ya 21 años, 15 antes de que la víctima Inés Madrigal, denunciase los hechos ante la Justicia.

Un argumento que sin duda determinará el cauce de los escasos procedimientos que a día de hoy siguen abiertos.

La inmensa mayoría de ellos fueron cerrados casi inmediatamente ante la imposibilidad de encontrar a muchos de los implicados o testigos, entre doctores, enfermeros, sanitarios, religiosos, padres biológicos y aquellos que no lo son, ya fallecidos cuando se comenzó a investigar.

Y no solo por eso, también ante la dificultad de encontrar documentos que avalen el robo de bebés, principalmente los expedientes de nacimiento de los recién nacidos en los que deberían figurar las personas que atendieron los partos y que mayoritariamente las clínicas aseguran no encontrar por tratarse de archivos de hace décadas que se han perdido o eliminado.

A ese escollo se une hoy el de la prescripción, que ya planeó sobre la mayoría de los casos pero que la Audiencia de Madrid negó en este procedimiento en un recurso presentado por el doctor Vela en el que señaló que "los delitos, con independencia del momento en que se consuman, se realizan durante todo el tiempo en que la conducta delictiva se mantiene".

Un criterio que choca con el del tribunal que enjuició a Vela, que determina que el inicio de la prescripción del delito de detención ilegal (el más grave de los que se imputó a Vela) empezó cuando Inés alcanzó la mayoría de edad, en 1987, y terminó 10 años después.

De apoyar el Supremo el criterio del tribunal, se reducirían inevitablemente las posibilidades de muchas víctimas dado que tendrían que haber denunciado hasta cumplir los 28 años, algo que se torna casi imposible, con lo que el grueso de los casos estarían ya prescritos.

Pese a ello, aún quedan esperanzas para algunas víctimas en tanto que puede existir algún caso de bebés robados en la década de los 90, para los que la prescripción no habría terminado.

Aunque muy pocas víctimas han conseguido que su caso salga adelante en los juzgados por no poder atribuirle el delito a ninguna persona concreta, en Madrid al menos dos procedimientos continúan abiertos para los que, sin duda, esta sentencia servirá de precedente.

Es el caso de Adelina Ibañez Mezcua, a quien sor María, presunto cerebro de una trama de bebés robados que murió en 2013, supuestamente le robó a su bebé en 1975 en la clínica Santa Cristina por "haber nacido del pecado" y se lo entregó a un matrimonio.

Unos hechos por los que la monja no podrá responder, pero sí lo hará un médico, único procesado en la causa y segunda persona que se sentará en el banquillo en España por el robo de bebés.

Mientras, el caso más mediático que llevó a un juez a imputar a sor María (ella nunca fue a declarar, a los tres días de ser citada murió), el del robo de las gemelas de Purificación Betegón en 1981 en la misma clínica madrileña, está completamente estancado en los tribunales, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Con la principal responsable fallecida, el juez trata de buscar indicios de responsabilidad en otras personas que pudieron participar en los hechos, mientras continúa intentando localizar a varios médicos y enfermeras que asistieron al parto y a los que se considera testigos clave, así como los expedientes de la Clínica, que siguen desaparecidos.