La presidenta del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, Altamira Gonzalo, ha asegurado que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas" y ha calificado esta práctica como una forma de violencia machista y explotación reproductiva, al igual que los matrimonios forzosos o la mutilación femenina, como recoge el Convenio de Estambul (2014).
El informe de los expertos busca modificar el artículo 221 del Código Penal para así penalizar la firma de contratos y la intermediación e insta a la redacción de un convenio internacional amparado por la ONU, que prohíba estas prácticas y que se consideren una violencia más para las mujeres.
Como alternativa, apuesta por la modificación de los trámites para la adopción, con el fin de agilizarlos y facilitarlos, al incidir en que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, "la dignidad de las mujeres es un derecho fundamental que colisiona con el interés de los menores".
No obstante, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a percibir prestación por maternidad o paternidad en los nacimientos a través de esta práctica y una instrucción de la Dirección General de Registro y del Notariado de 2010 permite inscribir a esos niños.
