La reciente aprobación de la obligatoriedad de las vacunas contra la covid-19 para el personal sanitario en Francia ha vuelto a poner sobre la mesa la duda de si España podría llegar a obligar a la población a vacunarse.
Países como Indonesia o Turkmenistán han optado por hacer obligatoria la vacuna en los mayores de 18 años para frenar la expansión del coronavirus. Otros, obligan a sus trabajadores de la salud o en hogares de personas mayores o vulnerables a vacunarse contra la Covid-19. Es el caso de Australia, Grecia, Reino Unido, Italia y, ahora, Francia, la más escéptica ante la inmunización contra el virus.
En España la vacunación es voluntaria
La vacunación debe ser entendida como una acción para el bien común, no solo a favor de lo individual. La idea de llegar a una inmunidad de rebaño, aunque utópica, ayuda a que la enfermedad no siga propagándose entre la población.
Una parte de la población se muestra escéptica y reacia a la inoculación del fármaco por diversas razones, a pesar de que los hospitales advierten que un alto porcentaje de las camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas por personas contagiadas de covid no vacunadas.
En España, la vacunación es completamente voluntaria, no es obligatoria, pero sí recomendable. La estrategia de vacunación en España avanza a grandes pasos y está muy cerca de tener al 70% de su población con la pauta completa.
¿Es posible obligar a la población española a vacunarse?
En principio, ningún ciudadano puede ser obligado a vacunarse. La Ley Orgánica 4/1981, del 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio es la primera norma de carácter general que permitiría que en ciertos casos las vacunas puedan ser obligatorias. El artículo 12 de esta ley establece que “la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas”.
Sin embargo, podría permitirse la imposición de medidas especiales en el ámbito de la salud en casos excepcionales fuera del estado de alarma, previa autorización judicial. Esto se fundamenta en la ley de bases de sanidad nacional de 1944 y la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública que dan cobertura a una posible futura vacunación obligatoria del coronavirus, puesto que afecta a millones de personas y supone un riesgo para la salud pública.
La obligatoriedad de exigir esta pauta sanitaria choca con dos derechos: el derecho a la protección de la salud, que prevalece en el caso de una pandemia como la covid-19, y el derecho a la intimidad y privacidad, según explica el abogado experto en temas de salud y profesor de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) José Enrique Pérez Palaci. Aún sí, no podemos descartar que pudiera producirse una modificación legislativa.
¿Puede mi empresa obligarme a vacunarme contra la covid?
En el ámbito laboral, la vacuna será voluntaria al igual que para la población en general. Aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a proteger a sus trabajadores frente a aquellos riesgos que puedan sufrir mientras realizan su trabajo, esto no implica que se imponga la vacunación, puesto que es un tratamiento preventivo y es un derecho del trabajador. Con la legislación vigente en temas de salud y seguridad en el trabajo, lo único que podrían hacer los empresarios es ofrecerle la vacuna a sus empleados, de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad.
Para que un empresario pueda obligar a sus empleados a vacunarse, debería requerirlo judicialmente y, en función de las circunstancias específicas del caso, los jueces dictaminarán la obligatoriedad de la vacuna o no. Lo mismo ocurre con los sanitarios. Como con el resto de trabajadores, la vacunación también será voluntaria para ellos.
Tampoco se podrá despedir ni penalizar a un trabajador por no vacunarse. Esta acción se consideraría una vulneración de los derechos fundamentales, por lo que un despido por ese motivo sería declarado improcedente o nulo