La rebaja de la pena a uno de los agresores de la Manada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha desatado la polémica. En base a la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí, Ángel Boza, uno de los cinco condenados por la violación a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016, ha conseguido reducir un año de su pena, de 15 a 14 años de prisión.
Según han explicado en la sentencia, "en consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible, pero que, a juicio de la mayoría de esta Sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia cuando calificaba la pena impuesta como 'muy próxima al mínimo legal', o como 'pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo".
Además, recuerdan la obligación de aplicar siempre la ley "más favorable al reo". Por ello, creen "razonable" esta rebaja de la pena, "conforme con la legalidad, respetuoso con las reglas legales básicas de determinación de la pena y acomodado a los criterios de proporcionalidad".
Asimismo, comentan que resulta "claro que la horquilla penológica derivada de la Ley Orgánica 10/2022 es más favorable o beneficiosa para el reo que la resultante de la legalidad derogada por ella".
El consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado
Por su parte, Irene Montero no ha tardado en reaccionar a esta noticia. Según ha apuntado la ministra a través de su cuenta de Twitter, "el consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado".
Considera la titular de Igualdad que "esta decisión del TSJN es muy dolorosa, especialmente para la víctima". Y ha matizado que "gracias al movimiento feminista y a los cambios legislativos que acompañan esa lucha es claro que estamos ante una agresión sexual, y no cabe hablar de abuso como hizo este mismo tribunal en el año 2018. El consentimiento, en el centro".
Por último, ha comentado que "cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la Ley solo sí es sí tal y como argumenta el voto particular de la magistrada. También la Fiscalía, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial".
