El Rey del Cachopo ha sido declarado culpable por homicidio y profanación de cadáver por la muerte de su expareja Heidi Paz. El jurado popular, de forma unánime, así lo ha considerado tras analizar las pruebas y testigos presentes. La víctima fue hallada descuartizada el 13 de agosto de 2019 en una maleta localizada en una de las naves alquiladas por el acusado en el distrito de Usera.
El fiscal Miguel Mínguez y los abogados, de la defensa, la acusación particular y popular, han asistido a la lectura del veredicto, compuesto por los hechos, la participación del acusado y su culpabilidad. La Sala, la Sección 26 de la Audiencia de Madrid, procederá a redactar la sentencia en base a los hechos que se han declarado probados y la calificación penal solicitada por las acusaciones en el juicio.
El fiscal del juicio a César Román, detalló doce indicios que "llevan a una única explicación", que es que fue él quien mató y desmembró a Heidi Paz, su exnovia ,y, además, subrayó que la defensa no ha presentado ninguna prueba que desvirtúe ese conjunto de indicios.
La acusación particular dice que César Román mató a Heidi Paz con "alevosía"
El fiscal Miguel Méndez mantiene una petición de pena de 15 años por homicidio y de cinco meses por profanación del cadáver, en lugar de acusar por asesinato: entiende que no concurre alevosía y que el desmembramiento fue para ocultar la muerte y no al revés.
La acusación particular en el juicio a Cesar Román, defendía que el acusado cometió un asesinato porque mató a Heidi Paz con alevosía y de manera sorpresiva ya que la que fue su pareja "no habría acudido al matadero si se hubiera imaginado lo que iba a pasar".
La acusación particular eleva el delito a asesinato con agravante de parentesco y género de manera que la condena total que pide es de 28 años y 5 meses de cárcel. El letrado de la familia de Heidi, Ramón Fernández de Mera, entiende que existen suficientes agravantes como para entender que se ha producido un asesinato "y no un mero homicidio simple", como dice el fiscal, que pide la culpabilidad del acusado por homicidio y profanación de cadáver.
La acusación popular ejercida por la Comunidad de Madrid siguió un relato similar al del fiscal y defendió que se trata de un homicidio con agravantes de parentesco y razones de género.
