Sanidad ha informado en un comunicado de su respuesta a una de las solicitudes efectuadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que requería las identidades de los expertos de la desescalada, después de que éstos hayan prestado su consentimiento, sin oponerse a que den sus datos personales, con lo que se cumple la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre informaciones protegidas.
Según el comunicado, que no contiene esos nombres, en su respuesta a Transparencia el departamento que dirige Salvador Illa hace hincapié en que la elaboración de informes técnicos de valoración de la evolución de la pandemia en cada comunidad durante la desescalada "fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias", que dirige Simón.
Además, añade que "este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación".
Según argumenta, el Ministerio ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo, amparados por el artículo 14.1.h) del real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad.