El Seprona detiene o investiga a 59 personas por tráfico ilícito de especies en la operación 'Thunderbird'
El Seprona ha incautado a diversas especies en una operación coordinada por Interpol contra su tráfico ilícito, que en España se ha saldado con 59 personas detenidas o investigadas y 683 denuncias por infracciones. Se trata de la operación 'Thunderbird' que se pone en marcha con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre. Los delitos medioambientales se colocan en el cuarto lugar como el negocio ilegal más lucrativo.
Felinos, primates, rapaces, reptiles y hasta un león y dos cocodrilos desnaturalizados ha incautado el Seprona en una operación coordinada por Interpol contra el trafico ilícito de especies, que en España se ha saldado con 59 personas detenidas o investigadas y 683 denuncias por infracciones.
Entre otras provincias, el Seprona ha actuado en Las Palmas, donde se ha incautado en la capital grancanaria de dos dentaduras de tiburón y un caparazón de tortuga boba que un vecino vendía por Internet y de un ejemplar de jacinto de agua (Eichhorna crassipes), una flor catalogada como especie invasora, que también comercializaba por Internet una empresa de jardinería.
Se trata de la operación 'Thunderbird' que la agencia policial internacional pone en marcha con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre para combatir los delitos contra la flora, la fauna y los recursos forestales y en la que han participado 42 países de todo el mundo, ha informado este viernes la Guardia Civil.
Con motivo de esta campaña, se han realizado en España 5.897 inspecciones en envíos de paquetería, equipajes, comercio ilegal a través de Internet, contenedores de mercancías, tiendas de animales, anticuarios, cotos de caza y espacios naturales, entre otros, con 48 delitos detectados relativos a la protección de la flora y la fauna.
Interpol y Naciones Unidas son conscientes de que los delitos medioambientales se colocan en el cuarto lugar como negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial, tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas. Hasta el punto de que las ganancias se estiman entre 91.000 y 285.000 millones de dólares al año, a un ritmo de crecimiento anual de entre el 5 y el 7%.
Dentro de la operación en España, el Seprona ha formulado 683 denuncias por diferentes infracciones, de las que 99 son por incumplimientos del convenio CITES de especies protegidas.
Felinos como el lince caracal y los gatos servales; 35 primates (monos tití, de cara azul o talapoin), 48 aves rapaces (buitres, halcones y águilas), 200 aves exóticas (tucanes, kakarikis, loros o faisanes), reptiles (tortugas, cocodrilos, camaleones o serpientes) o especies marinas como tiburones, atunes rojos, caballitos de mar y alevines de angulas son algunas de las incautaciones.
Además, la Guardia Civil ha intervenido partes o derivados de diferentes especies, como las 421 tallas de marfil de elefante africano, asiático y de morsa, un león y dos cocodrilos desnaturalizados, más de dos kilos de caviar de esturión, mandíbulas y dientes de tiburón, 71 corales y muebles e instrumentos musicales fabricados con ébano y Dalbergia nigra o jacarandá de Brasil.
Los expertos de Interpol estiman que el delito contra el medio ambiente es el que mayor crecimiento está registrando en el mundo gracias al beneficio económico que reporta a las redes criminales.
España, según destaca el Seprona, es por su ubicación geográfica y vínculos comerciales y culturales un lugar de tránsito o destino de numerosos tráficos ilegales de especies de flora y fauna desde África y América central y del sur con destino al mercado interior, al resto del continente europeo o a Asia.
También el patrimonio natural español se ve afectado por el expolio de individuos y huevos de aves rapaces para su exportación, la captura de miles de tortugas, camaleones y aves o la pesca de toneladas de alevines de anguila que se exportan ilegalmente a China, recuerda el Seprona, que ha contado con la ayuda del Servicio Fiscal y de unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.
Y recuerda también que los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de entre seis meses y cinco años y a multas de hasta el 350% del valor comercial de la especie.