La organización humanitaria denuncia la situación de explotación y vulnerabilidad a la que se enfrentan estas personas y, especialmente, las mujeres, víctimas de una triple discriminación: por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. Participan menos en la vida social y en la toma de decisiones de sus comunidades, por el analfabetismo y los bajos niveles de educación.
Otro aspecto a destacar es que para los indígenas, la tierra no solo es un bien económico, sino que constituye el espacio físico y psicosocial donde vivieron sus ancestros, donde se establecen sus relaciones y su organización social. Conservan casi el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta, aunque son propietarios sólo del 11 por ciento de esas tierras.
En los últimos tres años, Manos Unidas ha aprobado 133 proyectos destinados a las poblaciones indígenas, con una inversión de más de 10 millones de euros. Colombia es un buen ejemplo de ello.
Los indígenas y afrocolombianos viven prácticamente olvidados pese al empeño de sus líderes por ser escuchados. Es el caso de Matilde López, líder social de la comunidad Wayú, que pese a haber sufrido un atentado y haber presenciado el asesinato de uno de sus compañeros, no piensa marcharse de su tierra. Y también es el caso de Ruth Chaparro, presidenta de la organización Fucai y compañera de Matilde, que visita las comunidades y cubre necesidades tan básicas como el acceso al agua para consumo humano. No hay que olvidar, dice que hablamos de seres humanos.
El trabajo de la organización católica con la diócesis de Quibdó se ha centrado, fundamentalmente, en dotar a estas personas de los medios de vida que les permitan retornar y establecerse en unas comunidades de las que fueron expulsadas por el conflicto o por los intereses económicos de grandes compañías mineras o extractivistas. En el caso de las comunidades indígenas, ha sido, y es, fundamental garantizar el acceso a derechos tan básicos como la educación o la salud.
