Un 70% de los influencers españoles incumplirían la normativa europea en materia de protección al consumidor. Es el resultado de una investigación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La investigación se ha realizado junto a las autoridades competentes en este ámbito de las comunidades de Cataluña, Islas Baleares y Madrid y han estado coordinadas por la Oficina de Enlace Única española de la Red Europea de Cooperación para la Protección de los Consumidores, conocida como "Red CPC".
A nivel europeo, se han revisado las publicaciones de 576 influencers, de los cuales el 97% publicaba contenido con carácter comercial y se ha detectado que solo uno de cada cinco lo indicaba de forma correcta. En España, se ha investigado el contenido de más de 40 de diferentes sectores (moda, viajes o estilo de vida) y tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas europeas. Además, han percibido que la mayoría no utiliza etiquetas que proporcionan las plataformas o redes sociales para diferenciar el contenido normal del publicitario.
Los influencers españoles utilizan, por ejemplo, términos muy genéricos como "publi" o "ad" (abreviatura de "advertisement") cuando en las plataformas disponen etiquetas como sería "Colaboración pagada", o simplemente añaden un agradecimiento genérico a la marca asociada.
Dificultan al consumidor medio la posibilidad de identificar que se trata de contenido con carácter comercial o publicitario
Por tanto, todos los influencers que han incurrido en incumplimientos de la normativa, recibirán una comunicación en la que se les ofrecerá información y asesoramiento. Se les adjuntará una guía de buenas prácticas de Autocontrol (la asociación que controla la autorregulación de la publicidad) y también se informará a las empresas detrás de las comunicaciones comerciales de los potenciales incumplimientos y de su responsabilidad al efecto.
El objetivo es que el comercio online sea igual de seguro y ofrezca las mismas garantías a las personas consumidoras que el offline, ya que la legalidad de la publicidad en redes sociales es una de las prioridades comunes de las autoridades europeas en materia de protección al consumidor
El Ministerio de Derechos Sociales entiende que muchas infracciones pueden procederse al desconocimiento, por eso en primer lugar apuesta por esta labor pedagógica. Pero también se reserva la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, lo que podría desembocar en sanciones económicas "para asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la lucha contra la publicidad engañosa".
