En julio de ese año, con Ana Mato como ministra de Sanidad, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó la nueva cartera básica del Sistema Nacional de Salud en relación a varios ámbitos, como la reproducción asistida, según la cual, estos tratamientos se iban a financiar "por motivos terapéuticos o preventivos".
De esta forma, se introducía el requisito de esterilidad para acceder a esa prestación, lo que dejaba fuera de la financiación pública a lesbianas y mujeres sin pareja que pueden ser fértiles pero que necesitan de esos tratamientos para poder ser madres.
Recientemente, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, consideró que no era "decente" que una mujer soltera o casada con otra mujer no pudiera acceder a los tratamientos de reproducción asistida financiados, y anunció su intención de recuperar ese derecho.
La medida adoptada en 2013 por el Gobierno del PP generó el rechazo del colectivo LGTB, ONG y varias comunidades, que ya anunciaron su intención de seguir financiado la prestación para estas mujeres.