Este domingo la crisis de la vivienda estalló en las calles. Miles de personas, hartas de los precios abusivos de los alquileres, salieron a manifestarse en Madrid por una vivienda digna y contra la especulación.
Bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', los manifestantes exigieron a los gobiernos medidas inmediatas para atajar la crisis habitacional en la que se encuentra sumida la población española, especialmente los jóvenes.
Regulación de los precios de los alquileres, una mayor oferta de vivienda pública o ampliar la actual ley de vivienda son algunas de las demandas de las decenas de asociaciones y colectivos que convocaron la manifestación del domingo. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid amenazó incluso con una huelga de alquileres si no bajan los precios.
La respuesta del Gobierno a la movilización ciudadana ha llegado este lunes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el "reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler", así como el impulso de un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".
"No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres", ha defendido Sánchez.
Para muchos, estas medidas son insuficientes ya que creen que solo beneficiará a los rentistas mientras los precios de los alquileres seguirán subiendo.
En esta línea opina el economista Gonzalo Bernardos, que en el programa 'Más vale tarde' ha criticado las actuales políticas de vivienda. En su opinión, las medidas que se están tomando carecen de profundidad y responden más a un intento de "ganar votos" que a buscar una solución al problema.
La solución "impopular" de Gonzalo Bernardos
Bernardos ha planteado una solución que, a su juicio, sería impopular entre los políticos: "Es necesario que el sector público confíe en que el sector privado debe comprar más vivienda y construir mucho más. Los bancos deberían avalar a los promotores en la compra de suelo, ofreciendo un 50% en lugar de cero euros en préstamos". A su juicio, las iniciativas actuales carecen de profundidad y son más una estrategia política que un intento real de solucionar el problema de la vivienda en España.
