José Antonio Arrabal, diagnosticado desde 2015 de esta enfermedad degenerativa e incurable, se suicidó en su casa de Alcobendas delante de una cámara de vídeo "indignado" por "tener que morir en la clandestinidad", según sus propias palabras, para reclamar el suicidio asistido y la eutanasia, ha informado un diario español.
Este paciente llevaba meses planeando su suicidio, que llevó a cabo el pasado 2 de abril a través de la ingesta mediante una pajita de dos frascos de medicamentos adquiridos por internet, aprovechando que su familia no estaba en casa. A partir de este momento, al igual que ocurre en cualquier suicidio, intervendrá un juez al considerarse una muerte violenta para descartar que se haya cometido un delito, explica a Efe Fernando Marín, doctor y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
También el jurista Ignacio Fernández Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, confirma que, tras conocerse la muerte de Arrabal, "se abren unas diligencias penales para investigar si los hechos pueden ser constitutivos de delito, es decir, si alguien ha podido colaborar o cooperar en el suicidio de esta persona".
En concreto, el Código Penal, en el artículo 143.4 establece que "el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufra una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar" será castigado con pena de prisión.
En este caso, Arrabal "conservaba cierto grado de autonomía, la suficiente como para proveerse de los medios y llevar a cabo su decisión de morir de forma autónoma", por lo que, "no hay ninguna duda sobre la participación de un tercero" que pueda suponer un delito y el caso será sobreseído, opina Marín.
Distinto fue el caso del gallego José Luis Sampedro, que estaba tetrapléjico, y en el que "quedaba claro" que no podía haber llevado a cabo su suicidio sin la "cooperación necesaria". El responsable de Derecho a Morir Dignamente ha lamentado que la falta de regulación ha provocado que el paciente de ELA se haya visto privado de pasar sus últimos momentos de vida acompañado de su familia y de un profesional sanitario que garantizara que el procedimiento "iba a ir bien, de una forma rápida e indolora".
"Regular el suicidio asistido es necesario y Arrabal, con su muerte trágica, ha querido llamar la atención sobre un tema que debe abordarse de una vez por todas", destaca el magistrado, quien ha opinado que es necesaria una ley, que "más allá de la muerte digna regule el suicidio asistido". Precisamente la semana pasada el Congreso dio luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Ciudadanos para garantizar la dignidad de los pacientes ante el proceso final de su vida, a través de los cuidados paliativos.
Esta iniciativa, que contó con el apoyo de todos los grupos salvo el voto en contra del PNV y diecisiete abstenciones de ERC y el PDeCAT, no contempla la eutanasia, por lo que Unidos Podemos anunció que presentará un texto alternativo para incorporarla, al igual que el suicidio médicamente asistido. Tanto el portavoz de Jueces para la Democracia como el representante de Derecho a Morir Dignamente han considerado "insuficiente" la propuesta de Ciudadanos y creen que hay que ir más allá.
A juicio de Marín, esa ley tendría que regular, por un lado, los requisitos necesarios para acceder a esa muerte sanitaria (personas con enfermedades avanzadas e incurables) y el procedimiento para llevarlo a cabo con la suficiente seguridad, para evitar que "haya personas que mueran en contra de su voluntad".
De la misma opinión es el jurista, quien ha defendido que la regulación se lleve a cabo "con cuidado" para que no sea "una puerta de entrada para todos". El propio Arrabal asegura en la grabación que si hubiera una ley de suicidio asistido habría retrasado su decisión. "Habría aguantado más tiempo. Pero quiero poder decidir el final. Y la situación actual no me lo garantiza".
