El tribunal no acepta la libertad provisional para los miembros de la Manada
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha denegado dejar en libertad provisional a los cinco acusados de la violación en grupo de una joven, como habían pedido sus defensas al término del juicio desarrollado en Pamplona en las dos últimas semanas.
Así concluye el auto del tribunal que desestima la solicitud con el voto particular de uno de los tres magistrados que componen la sección, por lo que los jóvenes sevillanos continuarán encarcelados hasta conocer la sentencia, prevista para el mes de enero.
En el auto se advierte de que la decisión de no excarcelación se toma sin que la Sala haya podido establecer ningún pronunciamiento de culpabilidad y sin perjuicio de las decisiones que se tomen sobre los cinco jóvenes "en función del desarrollo de las deliberaciones".
Sus abogados solicitaron su puesta en libertad por entender que "nadie puede ser mantenido en prisión si no se demuestra su culpabilidad" y por considerar que las pruebas de cargo contra los jóvenes no se pueden tomar en consideración por su "ilicitud", ya que, a su parecer, estas han sido practicadas "con vulneración del principio de presunción de inocencia".
Uno de los magistrados ha emitido un voto particular discrepante con la decisión de mantener la prisión provisional de los jóvenes, al igual que ya hizo en las dos ocasiones anteriores. Este magistrado abogaba entonces, y mantiene ahora, por la libertad provisional con fianza con la adopción de medidas cautelares.
Este juez aprecia "falta de motivación" en el auto e insiste en tachar de "inconsistentes e insuficientes" los argumentos de sus compañeros de sala para justificar la prisión. Los jóvenes están en prisión desde su detención el 7 de julio de 2016, horas después de los hechos juzgados. Tres de ellos están en Pamplona y los otros dos, un guardia civil y un militar, en Madrid, en una cárcel para funcionarios de estos cuerpos.
A todos ellos la Fiscalía les acusa de un delito continuado de agresión sexual, intimidación y robo con violencia, por los que, en sus conclusiones finales este lunes, pidió para cada uno 22 años y 10 meses de prisión.
Los abogados de la joven madrileña que denunció la violación en grupo piden 24 años y 9 meses de cárcel para cada uno y una indemnización de 250.000 euros, mientras que las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra piden 25 años y 9 meses de prisión y también una indemnización de 250.000 euros.
Las defensas por su parte reiteraron este martes, en la última sesión del juicio, la petición de absolución para sus patrocinados, que en el uso del derecho a la última palabra se declararon "inocentes" de todos los cargos, salvo el guardia civil del robo del teléfono móvil de la denunciante.